El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abre la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma legislativa que, instada por PSOE y Podemos, limita su capacidad de nombrar jueces mientras el órgano esté en funciones, una situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. En esa fecha caducó el mandato de los vocales, a lo que tendría que haber seguido una renovación con un acuerdo entre el Gobierno y el PP que nunca ha llegado a producirse.

El órgano de gobierno de los jueces tiene por delante ocho días para decidir si recurre una ley que, a su juicio y como ya ha denunciado, puede provocar su "atrofia" y su "paralización". Según las fuentes judiciales consultadas por 20Minutos, el día 30 de abril acaba el plazo para que puedan presentar dicho recurso, que parece no contar con unanimidad en el Consejo. 

La posibilidad del recurso se ha abordado en el Pleno que ha tenido lugar este jueves y se ha decidido que, en caso de que algún sector del CGPJ quiera impugnar ante el TC el articulado, al menos cinco vocales de los 20 deberán presentar una propuesta "ya documentada y fundamentada" para que se vote en un Pleno extraordinario que tendría lugar en los próximos días. "Si se llega a convocar ese Pleno, se debatirá el documento y se tomará una decisión", puntualizan las mismas fuentes.

En la sesión de este jueves, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha expuesto el informe del gabinete jurídico del órgano que hicieron público el pasado lunes. "[La reforma] puede llevar a la indeseable consecuencia de la atrofia y paralización del CGPJ al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades", decía el escrito. Además, el documento encargado por Lesmes también recordaba al Ejecutivo de PSOE y Podemos que las funciones de un CGPJ en funciones deben ser similares a las que tendría uno con el mandato en vigor.

Con todo, el gabinete jurídico también alertó de la posibilidad de que de aquí a final de año queden 46 puestos vacantes sin poder cubrir por jubilaciones o finalización de mandatos, a no ser que los partidos acometan en el Congreso la renovación de la institución. La adjudicación de esas plazas, según detallaron fuentes del CGPJ, están en "distintas fases del proceso", pues algunas solo necesitarían el visto bueno del Pleno del Consejo y de otras no se ha podido llegar a publicar las bases.

Preguntados por este diario, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, una de las principales del país, declinan comentar la posibilidad de que el CGPJ lleve la reforma al Constitucional, pues prefieren "esperar". Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda asociación judicial más representativa, ha instado al Poder Judicial a cubrir las plazas que fueron convocadas antes de que entrara en vigor la reforma legislativa el pasado 1 de abril. 

Justifican su petición en que "siempre" rige "el principio de irretroactividad de las leyes". "Este país no se merece que tribunales importantes que resuelven cosas muy importantes permanezcan durante meses o años sin poder avanzar porque dos políticos no se ponen de acuerdo", ha señalado Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación. Cabe recordar tanto la APM como la AJFV fueron dos de las tres asociaciones judiciales que firmaron el escrito en el que 2.500 jueces pedían a Europa sancionar a España si salía adelante otra de las reformas previstas por el Gobierno y que ha sido retirada esta semana: la que rebajaba la mayoría parlamentaria necesaria de 3/5 a una mayoría absoluta para renovar el Consejo General del Poder Judicial.