A preguntas de los medios tras la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, ha puesto el foco en que "la demanda (de la Administración General) adolecía de concreción respecto a los muebles" después de que la Audiencia Provincia A Coruña ordenase su devolución a los herederos del dictador Francisco Franco.

De hecho, la resolución judicial, contra la que no cabe recurso, revocó el depósito mobiliario a favor del Estado que acordó en diciembre el Juzgado de Instrucción por entender que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General no incluye "mesas, vajillas, alfombras o cuadros".

El titular del Ejecutivo autonómico ha señalado que al estudiar la situación con la Abogacía del Estado "da la sensación de que (la resolución judicial) no es recurrible", pero "sí se puede iniciar un nuevo pleito en relación con (la recuperación) de los muebles".

De todos modos, ha remarcado que "no puede haber ningún acto de disposición" respecto a los bienes declarados como BIC, que cuentan con "absoluta protección". Así, ha insistido en que "cualquier decisión (sobre los mismos) necesita una autorización de la Xunta" y ha señalado que son estos bienes los que "incumben" a la institución que preside.

Además, ha apuntado que "si hay algún otro mueble de patrimonio nacional" depositado en el Pazo de Meirás "corresponde a la Abogacía del Estado tomar posición y decisión al respecto".