Las torres de A Barxa, la urbanización de la colina de Castrelos, los apartoteles de Samil, una docena de chalés a la entrada de Canido y  Rosalía de Castro sólo tienen una cosa en común: sentencias demoledoras que los condenan a la piqueta.

 

La lista negra del urbanismo vigués supera, entre propietarios e inquilinos, los dos mil afectados. Tirarlas abajo y pagar las indemnizaciones es cosa de quien concedió las licencias ahora anuladas. Sólo Castrelos, el caso más arduo, exigiría al Concello desembolsar unos 30 millones de euros, más del 15% de su presupuesto anual.

 

La mayor parte de estas polémicas licencias, sólo la punta de un iceberg, se concedieron entre los años 1994 y 1997 con un gobierno socialista en el Concello. Mientras A Barxa, Castrelos y Rosalía de Castro ya han sido anuladas en el Supremo, Samil y Canido siguen en el Tribunal Superior de Xustiza.

 

 

Colina de Castrelos.

 

Apartoteles de Samil.

 

Torres de A Barxa.

 

Chalés de Canido.

 

Rosalía de Castro.

 

 

El nuevo Plan de Urbanismo, critican los socialistas desde la oposición, permitirá al Gobierno municipal legalizar cuatro de las cinco obras de la lista negra. Pero sólo las irregularidades que se cometieron al amparo del planeamiento de 1993 pueden ser corregidas de esta manera para evitar los derribos. Otro caso muy distinto es el de la urbanización de Castrelos, cuya licencia es anterior. Sólo se puede ganar tiempo.

 

13.000 expedientes de disciplina urbanística han sido abiertos a lo largo de los últimos diez años en el Concello de Vigo