La vista oral está señalada para este miércoles 22 de abril de 2021, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 10.15horas.

Según el Fiscal la empresa fue constituida el 9 de noviembre de 2005 y, desde esa fecha hasta la actualidad, el acusado (1953) es su administrador único y trabaja 'en ella. Por resolución de 7/11/2013 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, se convocaron subvenciones públicas para el ejercicio 2013-2014 conel fin de financiar planes de formación dirigidos a trabajadores/as ocupados/as, presentándose a esta convocatoria la compañía.

Por resolución del 16/04/2014 se concedieron esas subvenciones, siendo una de las beneficiarias la entidad por un importe de 88.800 euros. Antes de proceder a su abono, el acusado, como administrador único de la misma debía acreditar que esta empresa estaba al corriente de sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad Social, mediante las correspondientes certificaciones expedidas por los órganos competentes.

El acusado, u otra persona a su instancia, con el fin de hacer creer que la empresa de la que es administrador único estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, falseó varios documentos que, seguidamente, presentó ante el Servicio Público de Empleo.

Esta operación se repitió cuando se convocaron subvenciones públicas para el ejercicio 2015-2016. Por resolución del 26/05/2016, se concedieron las subvenciones, siendo una de las beneficiarias el acusado por un importe global de 996.936 euros, la mitad paracada ejercicio (2015 y 2016). De estas cantidades le correspondió a la empresa un total de 99.343,64 euros para cada anualidad. Igual que en la ocasión anterior, el acusado u otra persona a su instancia, con el fin de hacer creer que la empresa de la que es administrador único estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, falseó varios documentos que presentó ante el Servicio Público de Empleo.

El acusado fue condenado anteriormente por un delito de falsificación de documento público, oficial o mercantil.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento público. Concurre la circunstancia agravante de reincidencia. Y solicita que se condene al acusado a 3 años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.