El Consejo de Ministros aprobará este martes la ejecución de una partida de 731 millones de euros para reforzar el sistema de atención a la dependencia, un dinero ya consignado en los Presupuestos Generales del Estado pero que se compensará con una parte de los fondos europeos de reconstrucción que corresponden a España cuando estos comiencen a entregarse. Así lo confirman a 20minutos fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que explican que el dinero se repartirá a las comunidades en cuanto se acuerde "próximamente" con ellas cuánto corresponde a cada una, sin necesidad de esperar a que comience a fluir liquidez desde Bruselas.

Los 731 millones que aprobará este martes el Consejo de Ministros no suponen una nueva inversión. Lo que hace el Ejecutivo es aprobar que comiencen a repartirse esas partidas, que ya anunció a finales del año pasado el entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias, quien explicó entonces que el objetivo de ese dinero será el de transitar de un modelo de residencias a otro de atención domiciliaria "más parecido al de los países nórdicos".

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales concretan que a conseguir este cambio de modelo se destinará "el grueso de los fondos, 482,4 millones" de euros. La idea del departamento que ahora lidera Ione Belarra es establecer un sistema de atención en el cual "a las personas dependientes se les permita vivir en sus casas, dándoles la atención necesaria para ello" y priorizando esta atención domiciliaria frente al modelo de grandes centros residenciales que ahora impera en España. Se trata de un modelo que Iglesias ya se puso como objetivo durante su etapa en la Vicepresidencia tras los estragos causados por la Covid-19 en las residencias.

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Prácticamente todo el resto de los 731 millones de euros -otros 216,9 millones, concretamente- se invertirán "en reformar el modelo de atención a la infancia", explican fuentes del Gobierno. A efectos prácticos, esto se traduce en una inyección de fondos para los servicios sociales para su "modernización tecnológica" y la "mejora de su funcionamiento" y, sobre todo, en la mejora de los centros residenciales donde viven los menores tutelados por el Estado

Los últimos 31,5 millones se invertirán "en acabar con la falta de accesibilidad universal", señalan fuentes de Derechos Sociales, que explican que ese dinero se destinará a "la adecuación de espacios físicos" de la administración y del "transporte público" para que puedan acceder a ellos personas discapacitadas y a mejorar los canales de comunicación con las administraciones" facilitando los trámites, por ejemplo, a personas con discapacidades cognitivas.

El reparto de estos fondos que, posteriormente, se compensarán con el dinero procedente de Europa se une a la inversión extra de 600 millones de euros que aprobó el pasado enero el Gobierno para el que denominó "plan de choque" para la dependencia. Según se acordó con las comunidades, parte de ese dinero se invertirá en que el botón de teleasistencia llegue a todos los hogares con personas que tengan reconocida la dependencia para el año 2022.