La energía como "servicio público": Fundación Renovables aboga por electrificar la demanda energética

Energía renovable
Energía renovable
EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

Democratizar la energía, acelerar la transición energética, reducir la dependencia, recuperar la propiedad pública de la distribución, abaratar tarifas... son algunas de las propuestas planteadas por la 'Fundación Renovables' con el objetivo de renovar la infraestructura eléctrica del país.

La Fundación, un 'think tank' cuya misión se centra en impulsar y acelerar el cambio de modelo energético, ha elaborado un informe en el que destacan la necesidad de desarrollar la electrificación de la demanda energética española para, entre otras cosas, lograr los objetivos fijados en la Agenda 2030 y garantizar a la población de un acceso a la energía más universal.

Así, exigen al Gobierno que adquiera un "papel inversor" y que destine parte de los 140.000 millones de euros de los 'Fondos Next Generation' de la Unión Europea a reestructurar el modelo energético actual; a fin de avanzar hacia "la modernización, digitalización y la diversificación del sistema eléctrico", y detener así  "los riesgos del modelo continuista actual".

Para ello, plantean una serie puntos, pasos a seguir, con vistas a esa modernización. La propuesta se centra fundamentalmente en destacar y fomentar el papel de "unión" que tienen las redes de distribución entre consumidores y productores, para que así "pasen a asumir el servicio público que se requiere y no se queden en un próspero negocio en manos de unas pocas empresas".

Un monopolio protagonizado por cinco compañías

Y es que, según denuncian en el informe publicado este jueves, persiste una dinámica monopolista en el sector, sobre todo en lo que a distribución se refiere. "Cinco compañías tradicionales reciben el 92% de la retribución por las infraestructuras eléctricas, a pesar de que en la actualidad existen 333 compañías reconocidas en la categoría de distribuidoras, de las que dos son filiales de compañías publicas extranjeras", señalan en el documento titulado 'Democratizar la energía como proyecto de país: los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico'.

Además, la Red Eléctrica Española (REE), que opera el sistema eléctrico del país, ejerce una función "absolutamente bonista", según consideran, pues aseguran que "se nos vende como una empresa pública cuando el Estado tiene el 20% y su único papel es el nombramiento de políticos como una muestra más de puertas giratorias o de pago de favores pasados".

En definitiva, la Fundación resalta la urgencia de electrificar la demanda con una política que garantice el acceso universal a la energía, "un bien básico de primera necesidad", con costes transparentes y sin que se conceptualice "como negocio", sino como un servicio público.

Recobrar el carácter de servicio público

Esto puede conseguirse, destacan, si existe la voluntad de iniciar ese cambio, que va de la mano de una serie de medidas a tener en cuenta para despojarse de lo que consideran un perjuicio para la ciudadanía.

En un primer punto reivindican la recuperación del carácter de servicio público del Operador del Sistema mediante la separación de sus funciones de la de transportista. En esa misma línea, piden también una mayor democratización del sistema eléctrico, restableciendo la propiedad pública de los activos y de las funciones de la distribución (especialmente la ligada a los municipios). "Entre sus muchos beneficios, esta actuación implicaría evitar los efectos de la concentración de la propiedad de la red, romper la integración vertical del sistema eléctrico y favorecer el autoconsumo y la gestión de la demanda", destacan.

También establecen el marco de actuación para estos cambios, que deberían llevarse a cabo de forma "progresiva", comenzando por las redes de distribución de cercanía (urbanas y municipales), "y modificando los criterios retributivos del transporte y de las redes de distribución". Además, consideran que hay que hacer más partícipes a las comunidades autónomas, fomentando así "una apertura a diferentes modelos de coparticipación pública privada".

Más ambición para reducir la contaminación atmosférica

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la comunidad internacional es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero antes de que sea demasiado tarde. Compromiso que quedó recogido en la Agenda 2030, firmada en 2015 por los países miembros de Naciones Unidas en el Acuerdo de París. No obstante, ya son varias las organizaciones que vienen denunciando una actuación de los Estados poco ambiciosa y todavía insuficiente para alcanzar esa meta.

De hecho, la Fundación Renovables indica en el documento que "el porcentaje de electrificación actual del 27% no es acorde con los objetivos fijados de un 42% de penetración de renovables y de un 74% de generación de electricidad con renovables, todos para 2030". Razón por la cual insisten en redefinir un modelo eléctrico que vele por la disminución de la contaminación atmosférica y, en consecuencia, por la mejora de la calidad del aire. "El consumo de electricidad tiene emisiones cero en uso y si la generación es con fuentes renovables también en origen", aseveran. 

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