El líder de la oposición, Pablo Casado, reclamó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan B jurídico para poder adoptar restricciones contra el coronavirus tras el fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo.
Casado insistió durante el Pleno del Congreso en que la ley de pandemias podría aprobarse en 15 días –anunció que el PP ha registrado de nuevo esa iniciativa–, y reprochó al socialista que no haya adoptado medidas alternativas: "No le ha dado la gana de legislar", le espetó. "Si todo queda en manos de las comunidades y de Europa, ¿usted para qué sirve?", cuestionó Casado.
Pero Sánchez dejó claro que su "intención" es "no prorrogar" el decreto de alarma. A su juicio, la "intensificación" de la vacunación y los mecanismos de "cogobernanza" hacen innecesario ese paraguas jurídico: "A partir del 9 de mayo, el éxito dependerá de la unidad, la coordinación y la responsabilidad individual", dijo. Según el presidente, las "múltiples" competencias de las autonomías y los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad bastan para contener el virus.
El fin del estado de alarma es relevante porque es el decreto que da cobertura legal a medidas como el toque de queda y los cierres perimetrales. La mayoría de juristas considera que, cuando decaiga, esas restricciones no podrán mantenerse. Además, los tribunales de cada autonomía podrían revertir las decisiones de los gobiernos regionales, dando lugar a asimetrías entre comunidades. El propio Sánchez admitió que el "refrendo" o "control" de los acuerdos quedará en manos de los jueces.
La oposición se mostró muy crítica con el Gobierno. Santiago Abascal (Vox) exigió el "fin inmediato" de todas las medidas e Inés Arrimadas (Ciudadanos) pidió al presidente que aclare qué restricciones se mantendrán. En su réplica, Sánchez afeó a Casado que no apoyara el estado de alarma el pasado otoño y le acusó de emplear la pandemia para intentar "derribar al Gobierno"; acusó a Abascal de "buscar bronca" de cara al 4-M y le dijo a Arrimadas que tiene "síndrome de Estocolmo" por querer pactar con Isabel Díaz Ayso. El debate se tornó bronco en vísperas de la campaña madrileña.
La mayoría de juristas considera que, cuando el estado de alarma decaiga, esas restricciones no podrán mantenerse.
Pero la bancada de la derecha no fue la única que censuró la hoja de ruta de Sánchez, sino que también lo hicieron algunos de sus socios habituales. Aitor Esteban (PNV) calificó de "temeridad" retirar el estado de alarma, rechazó que las autonomías tengan suficientes instrumentos para contener el virus con la legislación ordinaria y confió en que el presidente cambie de opinión tras las elecciones madrileñas del 4-M. Íñigo Errejón (Más País), por su parte, criticó el escenario de "desorden institucional" y "enorme incertidumbre" que se abre con el final del decreto.
En la misma línea, varias autonomías también cuestionaron la decisión del Gobierno central. El Ejecutivo Vasco pidió una legislación "intermedia" para abordar esta fase, la Junta de Andalucía advirtió de que la situación "se puede complicar" con el fin del decreto de alarma, y la socialista Francina Armengol (Baleares) deslizó que las comunidades necesitan "todos los instrumentos" a su alcance ahora que la toma de decisiones va a recaer sobre ellas.
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