El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que prorrogará durante tres meses el decreto antidesahucios y la moratoria de alquileres, dos medidas que vencían el 9 de mayo, con el estado de alarma. Con esa decisión, estas medidas de emergencia se extenderán hasta el 9 de agosto. Pero es muy improbable que, para entonces, la ley de vivienda que negocian PSOE y Unidas Podemos esté ya en marcha. Y los morados alertan de que cientos de familias podrían quedar en la estacada si el decreto antidesahucios y la moratoria de alquileres no se amplían más allá de esa fecha.

Con la decisión de prorrogar estas medidas hasta el 9 de agosto, PSOE y Unidas Podemos ganan margen para seguir negociando la ley de vivienda que las sustituirá. El problema es que estas conversaciones ya llevan dos meses de retraso, y aunque ambas formaciones se han acercado en lo relativo a los desahucios, siguen muy lejos en lo referente a la regulación de los alquileres. Aún quedan semanas para que la negociación termine y, habida cuenta de que julio y agosto son meses inhábiles en el Congreso, es prácticamente inviable que la norma esté en vigor para cuando decaigan los decretos.

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Así lo creen fuentes parlamentarias, que consideran imposible que, por una cuestión de plazos parlamentarios, la ley de vivienda pueda estar en marcha para el 9 de agosto, incluso si hubiera acuerdo dentro de unos pocos días. Por ello, Unidas Podemos ha trasladado a la Moncloa que la prórroga de los decretos debe llegar "al menos" hasta el 31 de diciembre, y tratará de presionar solicitándolo formalmente por carta a los ministerios socialistas competentes.

Ambas partes, además, son conscientes de que el hecho de que vayan a celebrarse elecciones el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid añade un grado más de dificultad para alcanzar un acuerdo a corto plazo. Y el PSOE rechaza ofrecer una estimación de cuándo estará aprobada la ley de vivienda. "El objetivo es llevar la norma al Consejo de Ministros lo antes posible", se limitan a señalar fuentes socialistas

Avances en desahucios, cisma en alquileres

Tras unas duras negociaciones, en diciembre el Ejecutivo aprobó que los inquilinos con dificultades económicas pudieran solicitar una moratoria o condonación parcial de su alquiler siempre que su casero fuera propietario de más de 10 viviendas. También se endurecieron los requisitos para desahuciar a familias consideradas vulnerables por los servicios sociales, y se fijó que, para poder ejecutarse el desalojo, la comunidad autónoma deberá facilitar una vivienda alternativa al afectado. Actualmente, si la administración no es capaz de realojar a la familia, está puede quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla y el Estado otorga al casero una compensación.

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Esas son las medidas que el Gobierno va a ampliar hasta el 9 de agosto. Mientras, PSOE y Unidas Podemos ultiman un mecanismo para ralentizar los desahucios por el cual la justicia estaría obligada a solicitar a los servicios sociales que analicen cada procedimiento de desahucio antes de su ejecución para que, en caso de que determinen que la familia sea económicamente vulnerable, las administraciones tengan que garantizar su realojo en otra vivienda.

Según la propuesta que negocian PSOE y Unidas Podemos, el desahucio quedaría paralizado durante un mes -tres meses, si el propietario del piso a desalojar es una empresa- a partir de la fecha de lanzamiento para que los servicios sociales terminasen de realojar a la familia afectada. El principal fleco que queda por cerrar es qué ocurre si en el plazo de un mes (o tres meses, si el casero es una empresa) las administraciones públicas no han encontrado un piso alternativo a la familia vulnerable que va a ser desahuciada. Con la propuesta del PSOE la familia quedaría en la calle, y Unidas Podemos rechaza esa posibilidad de plano.

Contrariamente a lo que ocurre con los desahucios, no hay ningún avance desde hace semanas en lo relativo a los alquileres. Los socialistas insisten en su propuesta de establecer un sistema de incentivos fiscales para propietarios que bajen el precio de su vivienda, mientras Unidas Podemos replica que el acuerdo firmado con el PSOE deja claro que debe ponerse en marcha un mecanismo de limitación de precios en las zonas "tensionadas".