El pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la ley orgánica que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga.
La ley ha salido adelante con 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones, sin que se haya introducido enmienda alguna, con lo que el texto no tiene que volver a pasar por el pleno del Congreso.
Primero se han votado y rechazado las dos propuestas de veto presentadas por PP y Vox, partidarios de mantener un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga.
La portavoz del PP, Cristina Ayala, ha considerado que esta derogación es una "chapuza" y una medida sectaria y propagandística con la que el PSOE ha querido hacer un gesto al sindicalismo.
El portavoz de Vox José Manuel Marín Gascón, ha asegurado que su grupo está a favor del derecho de huelga, pero en contra de que se ejerza bajo presión, coacción o violencia, ya que "cada vez que hay una huelga aparecen los piquetes que dejan de ser informativos para volverse violentos".
CCOO y UGT celebran la derogación
El portavoz socialista, Toni Ferrer, histórico líder de UGT hasta su incorporación al PSOE, ha defendido que la posibilidad de extender la huelga informando a los trabajadores es inseparable del ejercicio del derecho fundamental de huelga y no puede estar penado.
"Los piquetes no son violentos ni tienen ninguna intención insurreccional", ha dicho Ferrer, que ha acusado a PP y Vox de querer "impedir que se hagan huelgas".
Por su parte, tanto CC.OO. como UGT han celebrado la derogación de este artículo que "criminaliza el derecho a huelga". "Esta derogación aprobada por el Pleno del Senado, garantiza el derecho de huelga, refuerza el derecho a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras", señalaron los sindicatos en un comunicado.
Según fuentes sindicales, más de 300 personas han sido procesadas por el delito tipificado en el 315.3, algunas de ellas condenadas, aunque a día de hoy no hay nadie en la cárcel por ello.
CCOO y UGT consideran necesario "continuar en esta línea de recuperación de los derechos y libertades arrebatados a la ciudadanía durante los años de la crisis", e insta a los grupos políticos a derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza "por impedir el ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y manifestación".
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