"Unidad, coordinación y responsabilidad individual". Esa es la receta con la que tendrá que gestionarse la pandemia cuando concluya, el próximo 9 de mayo, el actual estado de alarma. Porque, como este miércoles reiteró Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el Gobierno no tiene "intención" de prorrogar ese decreto, pese a las quejas de algunas comunidades autónomas y de varios de sus socios de investidura, que en los últimos días le han pedido que articule algún paraguas jurídico para evitar que el control de las medidas quede en manos de los jueces y se abra la puerta a asimetrías entre los territorios.

En su intervención inicial, que rondó la hora de duración, Sánchez argumentó que la incidencia acumulada a 14 días era de 362 casos cada 100.000 habitantes cuando se aprobó el estado de alarma, mientras que ahora está por debajo de los 200 casos. Ese elemento, unido a la "aceleración" de la vacunación y a las "garantías" de superar la pandemia que ofrecen las vacunas justifica, a juicio del presidente, que no sea necesario prorrogar el estado de alarma. Porque, resumió, las circunstancias son "distintas" a aquellas bajo las que se decretó.

Por eso, argumentó ya en el turno de réplica, la "alternativa" al fin de este estado de alarma no es una prörroga ni otro paraguas jurídico, sino "la cogobernanza sin el estado de alarma". En otras palabras, que las comunidades echen mano de sus "múltiples compentecias" para "restringir" la actividad económica o la "actividad de los ciudadanos", siempre con el "refrendo" o el "control" de los tribunales superiores de justicia. Ya este martes, Sánchez admitió que el "filtro" y el "control" de las medidas quedará en manos de la justicia.

El Ejecutivo sostiene que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad son de obligado cumplimiento y que bastan para controlar el virus. Sánchez prevé derivar a ese foro la toma de decisiones y no contempla ninguna alternativa a la alarma. En su intervención reprochó a la oposición no haber apoyado de forma "unánime" el actual decreto, que caduca días después de 4-M, porque "era imprescindible". Sólo Vox y Foro Asturias se opusieron a la medida, mientras que el PP, JxCat y EH Bildu se abstuvieron y los socios habituales del Gobierno -además de Cs- votaron a favor.

No detalla las reformas

Además de rendir cuentas sobre el estado de alarma, la comparecencia del presidente este miércoles tenía, sobre el papel, otro gran objetivo: desgranar las líneas generales del plan de inversiones y reformas que próximamente se remitirá a Bruselas a cambio de la llegada de los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción. Este martes, Sánchez compareció en La Moncloa para detallar las principales inversiones, y el Gobierno dio a conocer horas más tarde el plan, que avanza una subida de la presión fiscal, una simplificación de los contratos y una reforma de las pensiones que busca limitar las prejubilaciones.

Pero, en la práctica, Sánchez pasó de puntillas sobre las grandes reformas y repitió los datos ya conocidos sobre las inversiones que contempla esta hoja de ruta, de la que dijo que es la "mayor oportunidad" para España desde la entrada en la UE. Una ocasión "única" y "extraordinaria", en palabras del socialista, que servirá para "consolidar" la recuperación e "impulsar" la transformación del modelo productivo, gracias a 110 inversiones y 102 reformas y a la movilización de 70.000 millones de euros ya en el periodo 2021-2023.

El presidente reiteró que los ejes del plan buscan convertir a España en un país "más verde", "más digital e innovador", "más competitivo y cohesionado" y con una mayor igualdad de género. La transición ecológica se llevará aproximadamente el 40% de los fondos, la digitalización un 31%, la educación un 10,5% y el I+D+I, en torno a un 7%. Además, entre las políticas principales figuran programas para la movildiad sostenible, la transición energética, la modernización de la administración, la apuesta por la ciencia y la sanidad, y el impulso a la formación y la educación, entre otros elementos.

Sánchez no dijo qué pasará con la reforma laboral, con las pensiones ni con los impuestos. El presidente se limitó a marcarse objetivos: crear 800.000 empleos gracias al plan, cerrar brechas de desigualdad, impulsar el empleo joven... pero sin aportar detalles sobre las modificaciones legislativas que están por venir. Lo que sí hizo fue anunciar que se prorrogan por tres meses las medidas contra los desahucios que estaban vigentes hasta la finalización del estado de alarma. Su socio de Gobierno, Unidas Podemos, considera que es una medida insuficiente y que la ampliación debería coincidir, al menos, con la fecha prevista para la finalización de la próxima prórroga de los ERTE, el 30 de septiembre.

La vacunación, en manos de las farmacéuticas

Por último, Sánchez dedicó una buena parte de su discurso a comentar los avances en el proceso de vacunación, que definió como "la política pública más eficaz" para salvar vidas y recuperar la economía. El presidente mantiene que se cumplirán las metas previstas y que a finales de agosto estará inmunizado el 70% de la población, un cálculo "prudente" según sus palabras. Pero, al tiempo, admitió que ese calendario dependerá de que se cumplan los "encargos y los compromisos de las farmacéuticas" y se refirió a los "retrasos en las entregas de las dosis", primero con AstraZeneca y ahora con Janssen, la última vacuna en torno a la que han surgido dudas por posibles casos de trombos.

En ese sentido, el presidente señaló que la estrategia de vacunación avanza en función de la disponibilidad de las dosis y que es un "procedimiento vivo" que se ajusta a escenarios "cambiantes", en función de las recomendaciones sanitarias. En cualquier caso, insistió en que "2021 es el año de la vacuna y de la recuperación" y garantizó que "cualquier persona que lo desee" podrá estar vacunada en los próximos meses, ya que España tiene comprometidas más de 87 millones de dosis hasta septiembre.