El ministro de Inclusión, Social y Migraciones consideró este jueves durante su visita a Zaragoza, donde fue entrevistado por Heraldo de Aragón, que no es el momento de subir el salario mínimo, como ha defendido la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera Yolanda Díaz. En esa conversación, valoró también la utilidad de los ERTE que, considera, han llegado para quedarse, y afirmó que el Ingreso Mínimo Vital está funcionando correctamente y que las críticas que ha recibido la medida no tienen en cuenta el poco tiempo que lleva en vigor.-

¿Es posible que los 8.472 millones de deuda que arrastra Aragón supongan un lastre en su recuperación económica?

La posición de deuda de cada comunidad autónoma refleja muchas de las decisiones que se han ido tomando a lo largo de años. La pandemia no debería suponer un esfuerzo fiscal adicional para Aragón. Desde el Estado se han dado todo tipo de mecanismos de transferencias en términos de gasto sanitario o ayudas directas.

La Comunidad siempre ha abogado por la armonización fiscal. ¿Cree que es el momento de que se reabra el debate?

Ya se ha planteado. Las comunidades tienen que proveer bien los servicios públicos que se les han transferido, y políticas fiscales muy diferenciadas no entran dentro de la lógica de lo que debe ser un funcionamiento armónico de un Estado federal, de las autonomías.

¿Es justa la reivindicación de Aragón de que se tengan en cuenta la dispersión de la población y el envejecimiento en la reforma de la financiación autonómica?

Es una reivindicación legítima que debería quedar reflejada en una reparametrización del factor de dispersión que hay en el sistema de financiación autonómica, pero que hay margen dentro del sistema para que situaciones como las que se viven en Aragón se contemplen de facto.

La Seguridad Social cerró en 2020 con un déficit de 15.000 millones. ¿Es consecuencia de los subsidios de la covid?

El déficit de la Seguridad Social lo que refleja es una caída eventual de ingresos de las cotizaciones sociales, resultado de la debilidad cíclica en la que hemos estado este año, pero no de estos gastos adicionales.

¿Cuánto tiempo más se puede mantener esta debilidad cíclica?

2021 es un año de transición donde ya vamos a ver una recuperación de los ingresos claramente respecto a 2020, y ante una situación de cuasi normalidad en 2022. Y cuando esto sea así vamos a ver unas cuentas de la Seguridad Social que van a reflejar más fielmente lo que es su verdadera situación financiera que es de sostenibilidad.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha anunciado la prórroga de los ERTE con una formula "similar a la actual".

Va a ser un modelo de mantenimiento de los ERTE. Claramente vamos a ir a un modelo más parecido al que se desplegó después de junio de 2020 y estarán centrados en aquellos sectores donde más ha impactado la pandemia. Hemos ido modificando los ERTE para adaptarlos a las distintas circunstancias. Lo normal es que el énfasis se ponga en la activación del empleo.

¿Hasta cuándo piensan prorrogarlos?

Esto tendremos que evaluarlo, pero siempre hemos establecido ventanas de tres o cuatro meses.

¿Se van a aplicar como una herramienta de flexibilidad interna en las empresas con carácter permanente?

Sí. Esto yo lo separaría de las negociaciones que tenemos ahora. Eso es parte de una negociación más general, y que hemos incorporado en el plan de recuperación y resiliencia para que, una vez superada la pandemia, ese mecanismo de flexibilidad interna esté disponible para caídas de situaciones transitorias de demanda y, en el caso de situaciones más permanente, reestructuraciones en las empresas hacia otras actividades o sectores donde la ayuda pública se vincule fundamentalmente a la existencia de formación o capacitación de los trabajadores.

¿Podemos decir que los ERTE han venido para quedarse?

Sí, los ERTE han venido para quedarse claramente. Son un instrumento que han funcionado bien en los países que fueron capaces de desarrollarlos.

¿Qué gasto suponen al Estado?

Lo que nos hemos gastado con los ERTE más la prestación de autónomos y la incapacidad temporal rondará los 40.000 millones de euros a finales de mayo.

¿Cuánto tiempo más podemos mantenerlos?

Siendo la prioridad mantener el tejido productivo y proteger también las rentas de los trabajadores, si hemos llegado hasta aquí por unos cuantos meses más no vamos a renunciar.

Para proteger a los más desfavorecidos surgió el Ingreso Mínimo Vital. Pero las autorizaciones llegan con cuentagotas.

No estoy de acuerdo. Esta prestación tiene diez meses. Miren ustedes lo que tardaron las rentas autonómicas en desplegarse y valoren que en este momento en España hay más beneficiarios del IMV que de todas las rentas autonómicas juntas en 2019 antes de la pandemia. Si usamos esa vara de medir, hemos sido muy muy rápidos.

Entonces, ¿no es un problema de gestión sino de que los solicitantes no cumplen los requisitos?

Hemos resuelto un millón de expedientes.

Pero hay colas del hambre...

Lo que el IMV debe resolver son situaciones de pobreza estructural. Hubo una petición del Consejo Europeo a España sistemática desde 2014 solicitando que desarrollara un IMV a nivel estatal porque el mecanismo a través del que se había delegado a las comunidades, desarrollándolo de una forma muy distinta terminaba de facto por generar más desigualdades a nivel nacional por el despliegue asimétrico. Por eso hay que establecer un mínimo nacional.

¿Valora positivamente que Aragón trabaje para completarlo?

Con Aragón hemos trabajado siempre de una forma estrecha y la adaptación que está haciendo del Ingreso Aragonés de Inserción es la forma de ir complementándolo.

El gasto mensual en pensiones supera ya los 10.000 millones de euros. ¿Es lo que motiva la reforma del sistema que impulsa su ministerio?

La principal motivación es eliminar la incertidumbre que tenían los pensionistas como resultado de que por los gastos impropios se daba una visión de la situación de la Seguridad Social errónea. Lo que estamos haciendo con la reforma es asegurar que el poder adquisitivo de las pensiones se siga manteniendo de aquí en delante de una forma indiscutible.

Si se alarga la cotización ¿no significará que la pensión baje, si pasamos de 25 a 35 años?

En ningún caso se pretende hacer un recorte de pensiones. Si amplías el periodo de cómputo y, al mismo tiempo, das un tratamiento más generoso a cómo se trata a las personas que tienen lagunas en las cotizaciones, o alternativamente permites elegir los mejores años y eliminar los peores, el efecto no tiene por qué ser de reducción de pensión en ningún caso. Lo que haces es ser más justo. Ampliar el periodo no tiene por qué llevar aparejada una pérdida de pensión.

¿Se va a alargar hasta los 70 años la edad de jubilación?

En ningún caso.

¿Barajan algún tipo de incentivos para la gente que quiera ampliar su carrera laboral?

Va a haber incentivos a la jubilación demorada. La jubilación es un derecho, no una obligación. Ya hay incentivos, pero van a ser más significativos. Hemos comprobado que hay personas que en lugar de recibir un poquito más de pensión prefieren recibir un pago de una sola vez. Como si fuera un cheque.

¿Y cuando se podría poner en marcha?

Cuando lo llevemos al Parlamento y se apruebe.

¿Considera que es el momento de afrontar la reforma laboral?

España se ha comprometido a una modernización de su sistema de relaciones laborales.

¿En qué sentido se hará?¿Saldrá adelante con un acuerdo entre los socios de gobierno PSOE-Podenos o tendrá que abrir el acuerdo a todo el arco parlamentario?

A la hora de abordar la reforma laboral hay que aspirar a tener un consenso lo más amplio posible.

Yolanda Díaz cree que es el momento de subir el Salario Mínimo Interprofesional. ¿Lo comparte?

El momento actual es el de la activación de los trabajadores. Tenemos 700.000 trabajadores en ERTE, se ha destruido 400.000 empleos, muchos con contratos precarios, muchas mujeres con salarios muy bajos. En cada momento los objetivos de la política tienen que ser distintos. Y en este momento concreto, las prioridades en política tienen que estar ligadas a la recuperación del empleo.

Entiendo entonces que no...

En este momento no me parece que sea una prioridad.

Cuando presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) era partidario de rebajar deducciones fiscales. ¿Lo mantiene?

No es mi competencia ahora, pero sí es verdad que España es el país que más renuncia a ingresos por beneficios fiscales de Europa. Hay margen para ver si esos beneficios cumplen el objetivo para el que se diseñaron. En lo que tiene que ver con fiscalidad, el Gobierno se ha comprometido a crear un comité de expertos que va a intentar generar un nuevo marco fiscal, y estoy convencido de que dentro de las cosas que van a reevaluar están los beneficios fiscales.

Un comité necesario cuando vamos a una nueva fiscalidad verde y digital…

Sí. La fiscalidad en España en esas áreas tiene margen de mejora.