La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobará este miércoles el dictamen de la ponencia sobre el proyecto de Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que elevará la edad a partir de la que empieza a computarse el plazo de prescripción para los abusos sexuales y otros delitos graves contra la infancia cuando el denunciante cumpla 30 años en lugar de 18, edad que contempla la normativa actual.

La conocida como ‘ley Rhodes’ prohíbe también la contratación de personas con antecedentes relacionados con estos delitos en administraciones o empresas y entidades privadas dedicadas a la atención, formación o cuidado de niños (colegios, guarderías, centros deportivos y de ocio, campamentos, academias...).

El texto final, al que se incorporarán unas 70 transaccionales a partir de las 576 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, muchas propuestas por distintas organizaciones de infancia, cuenta con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Más País y Ciudadanos, entre otros.

No prohibirá finalmente ni el acceso de menores de edad a espectáculos taurinos ni los desahucios de familias con un menor de edad a cargo sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas, tal y como pedían ERC, EH Bildu, Unidas Podemos y varios diputados del Grupo Mixto.

Henar de Pedro

En cambio, sí se ha incluido la posibilidad de que los jueces suspendan "el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación" de los hijos cuando estos hayan presenciado, sufrido o convivido con una situación de maltrato por parte del padre y se haya dictado una orden de protección", así como un mandato a los poderes públicos para evitar que "planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), sean tomados en consideración".

También se reforzarán las garantías para que los menores puedan participar en los procedimientos jurídicos y denunciar; se impedirá que un juez pueda desestimar el testimonio de un menor "por falta de madurez"; se establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales " en los centros de protección de menores de edad; se reforzará la atención de los menores víctimas de violencia sexual o de género, y se prestará especial protección frente al acceso a contenidos peligrosos online.

Finalmente, el texto que pasará al Pleno del Congreso incluirá un mandato al Gobierno para que establezca protocolos comunes que regulen los procesos de determinación de la edad de los menores migrantes que llegan solos a España y el uso de las medidas de contención en los centros de menores.