En un primer auto emitido el pasado 26 de enero y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial accedía ya a la solicitud de los populares de la medida cautelar de suspender provisionalmente la aprobación definitiva del estudio de detalle, hasta la resolución del litigio.

Y es que "se justifica la existencia de actuaciones ya iniciadas que comportan relevante incidencia en otros intereses públicos, en cuanto se refiere al coste de las expropiaciones y de ejecución, y su incidencia en cuanto comportarían una situación de difícil restablecimiento dadas las demoliciones que implica", entre otros aspectos.

Por eso, el TSJA acordaba suspender provisionalmente el acto de aprobación definitiva del mencionado estudio de detalle, "hasta la resolución de esta causa", en alusión al fondo del recurso del PP.

El PP, recordémoslo, había pedido la suspensión del citado estudio de detalle como medida cautelar "por la grave perturbación y el perjuicio irreparable de los intereses generales y de terceros que originaría" su ejecución, recordando que la operación implica la demolición de dos viviendas de la plaza Cervantes, "una de ellas un edificio histórico con más de 100 años que debería haber estado protegido en el PGOU".

EL PGOU

El citado proyecto, rechazada por la asociación de vecinos Centro o la patronal, entre otros, incurriría según el PP en un "incumplimiento" del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Guadaíra.

"Este proyecto, aprobado en solitario por el Gobierno de PSOE y Ciudadanos, ha sido rechazado no sólo por toda la oposición en bloque, sino por los propios vecinos con miles de firmas y no cuenta siquiera con un estudio de movilidad que diga si esa es la mejor opción", alertaba al respecto el PP de Alcalá.

Además, los populares avisaban de que en caso de prosperar, la operación "convertiría el centro de Alcalá en una auténtica ratonera, pues es materialmente imposible que la calle Conde de Guadalhorce, estrecha y llena de cocheras, pueda absorber y dar salida a todo el tráfico del centro que llegaría desde las calles Alcalá y Ortí, Pescadería y La Plata".

EL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO

Ahora, después de que el Gobierno local de PSOE y Cs anunciase que recurriría la suspensión cautelar de la aprobación del documento, defendiendo que "la paralización de esta obra supone un perjuicio para los ciudadanos, que se ven privados de una solución al tráfico en una zona con muchos problemas de circulación, así como de la reforma de la emblemática calle Nuestra Señora del Águila", la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha ratificado su decisión.

En un auto emitido el pasado 19 de marzo y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial reitera así que dada "la existencia de actuaciones ya iniciadas que comportan relevante incidencia en otros intereses públicos, en cuanto se refiere al coste de las actuaciones expropiatorias y de ejecución, y su incidencia en cuanto comportarían una situación de difícil restablecimiento dadas las demoliciones que comporta, la debida ponderación de los intereses en juego debe determinar en este caso la adopción de la medida cautelar de suspensión en tanto se tramita esta causa".