Así lo ha señalado hoy lunes en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la diputada Rosa Dávila para informar del trabajo desarrollado por los nacionalistas en la redacción de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19.

En su intervención, Fernando Clavijo anunció que la organización nacionalista seguirá promoviendo iniciativas con el fin de que la inyección económica de 1.140 millones de euros de ayudas para las islas "lleguen a las empresas canarias". De esta forma, los nacionalistas canarios quieren garantizar que los fondos que el Gobierno de España ha anunciado que se destinarán al tejido económico y productivo de las islas "se queden íntegros en Canarias".

El líder nacionalista, que ya defendió y consiguió el apoyo a una iniciativa hace unos días en el Senado para que el sobrante de esos fondos -si lo hubiera- sea destinado a un plan de rescate específico para el sector turístico, insistió en que se debe "apuntalar hasta el último detalle de la distribución de estos fondos para evitar la pérdida de recursos y la fuga a otros territorios".

Asimismo, Fernando Clavijo se refirió al proyecto de ley que regulará la distribución de los fondos europeos y reprochó que el Gobierno de Canarias "no haya hecho la tarea" durante la redacción del decreto aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno de España, "dejando en el aire la incorporación en los criterios para la adjudicación de las ayudas las singularidades de las islas", tarea que deben hacer ahora los grupos políticos en las Cortes en el periodo de enmiendas al decreto ley que, según teme Clavijo, "no contará con muchas aportaciones de los socialistas canarios, como hasta ahora".

ENMIENDAS DE CC.

La organización nacionalista adelanta entre las enmiendas que defenderá en las Cortes la unificación de los criterios de las actividades, ya que "no tiene sentido que no sean los mismos para las ayudas estatales y las autonómicas", así como alegaciones en los casos de la obligatoriedad de haber tenido beneficios en 2019, relacionadas con el mantenimiento del empleo o aquellas que no están al corriente de sus obligaciones tributarias por falta de liquidez.

De esta forma se quiere evitar, tal y como señaló Fernando Clavijo, que se queden fuera de esas ayudas por importe de 1.140 millones de euros "una de cada 8 empresas canarias, situación que ocurriría si no se introducen cambios en el decreto".

Clavijo también mostró su preocupación por unos datos económicos "cada vez más alarmantes": "Hemos visto cómo cerramos el pasado año con una destrucción de empleo sin precedentes en la historia de las islas, más de 113.000 puestos de trabajo destruidos en 2020 en Canarias, cuadruplicando la media de España, a lo que hay que añadir el cierre de unas 4.000 empresas, triplicando la media de cierre en España".

Esta situación, añadió, "no solo acentúa la crisis económica en la población, sino que lastra mucho más la recuperación económica y la salida de la misma". En este contexto, se refirió al sector de la construcción "como el único capaz de arrastrar de una economía con su principal motor, el turístico, totalmente parado", pero "vemos con tristeza como la licitación de obra pública autonómica cae un 93,4% en los tres primeros meses de 2021 y un 84,5% la estatal", sentenció.

"Datos negativos a los que hay que añadir medidas extraoridanarias que no llegan" como la simplificación administrativa que sigue siendo un hándicap para un sector con capacidad para generar empleo y tirar de la economía en las islas", agregó el líder nacionalista.

Asimismo, se refirió a las ayudas anunciadas por el Gobierno de Canarias y que "se está demostrando son un fracaso". En este sentido, señaló que la nueva ampliación del plazo para solicitar las ayudas "no es la solución para que lleguen a las pymes y autónomos porque el problema no está en los plazos, sino en los requisitos porque ninguna empresa se puede arriesgar por 800 ó 900 euros a mantener otros 6 meses abiertos su negocio cuando ni siquiera sabemos si habrá cuarta o quinta ola".

Al respecto, reprochó "la falta de un criterio coherente de un Gobierno canario que actúa tarde y cuando actúa lo hace mal, desde la improvisación, pensando más en los titulares de prensa y sin poner en el centro de esas ayudas a pymes y autónomos canarios". Recordó que "de los 400 millones de euros anunciados el pasado mes de enero, casi un año después por el Pacto de las Flores para ayudas directas a pymes y autónomos, 235 millones de euros no son en realidad una ayuda, sino que un aplazamiento fiscal; 84 millones son para las ayudas directas y otros 80 para el IBI turístico, que tampoco se sabe ni cómo ni cuándo llegarán".

CAMPAÑA DE LA RENTA.

En cuanto a la campaña de la Renta que se iniciará en unos días y que afectará a los miles de trabajadores que el pasado año estuvieron en ERTE, la diputada Rosa Dávila indicó que se trata de "la peor crueldad institucional" de PSOE y Unidas Podemos. Dávila reprochó que el Gobierno de España "no haya hecho nada por corregir esta injusticia que hará que familias con ingresos de 1.000 euros se vean obligados a pagar a la Agencia Tributaria hasta 1.700 euros al considerarse el SEPE segundo pagador y haber practicado una retención del 2% a los pagos de los ERTE".

En este sentido, Rosa Dávila reconoció que "es un ataque frontal a las familias con las rentas más bajas y lo es de un Gobierno que asegura defender un escudo social". Al respecto, añadió, "no solo es un sufrimiento añadido a miles de personas que, de repente, se vieron en un ERTE, en el caso de Canarias, en el mes de abril del pasado año por ejemplo más de 235.000 canarios entraron en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, sino que es un abuso porque tenemos que recordar que el dinero con el que se pagó esos Erte y con el que ahora pretender recaudar era con fondos europeos que se destinaron de forma específica a España".

La diputada nacionalista recordó que hace unos días en el Senado salió adelante una iniciativa de CC-PNC para exigir al Estado que no se considerara el SEPE como segundo pagador en el caso de los Erte, iniciativa que a pesar de ser vinculante "no ha sido tomada en cuenta por un Gobierno de España que ha sacado de la manga un aplazamiento fiscal desde junio y hasta final de año y que podría suponer el pago de hasta 300 euros mensuales a Hacienda por familia".

Los nacionalistas canarios ya advirtieron hace un año de esta situación, defendieron la semana pasada una modificación antes del inicio de la campaña de la Renta y defenderán una iniciativa en el Parlamento de Canarias para exigir al Gobierno canario que inste al Estado "a no lastrar aún más la economía de miles de familias canarias que están atravesando serias dificultades para llegar a fin de mes", sentenció.