SEG sigue abierta al diálogo, apela a la responsabilidad y avisa de las consecuencias de la huelga

La dirección de SEG Automotive asegura que sigue abierta al "diálogo" con el comité de empresa de la planta de Treto, tras la reunión que ambas partes mantuvieron el sábado en el Orecla y que finalizó "sin avenencias", por lo que se mantiene la huelga indefinida convocada a partir de este lunes, 5 de abril.

La directiva de la fábrica cántabra apela, además, a la responsabilidad de la parte social ante el paro previsto y le advierte asimismo de las consecuencias del mismo.

"Desde la dirección estamos haciendo todo lo posible para reducir los efectos que este proceso puede tener sobre las personas y seguimos abiertos al diálogo con el comité de empresa para encontrar un acuerdo", ha asegurado esta tarde SEG en un comunicado, en el que alude a "lo dramático de esta situación".

"Consideramos que la responsabilidad de todas las acciones, ante una situación tan complicada como la que vivimos actualmente, debe ser proporcional a la magnitud del problema", apunta la dirección, que ha informado a la plantilla sobre las "posibles consecuencias" de la huelga para la "imagen" de la factoría y respecto a "las decisiones que puedan tomar nuestros clientes y la gerencia de SEG Automotive sobre productos de futuro, inversiones y proyectos" en Treto.

"Nuestros clientes se pueden mover a la competencia, cambiar sus planes con respecto a nuestra fábrica (solicitar la fabricación en otros países, romper acuerdos) y Treto podría llegar a cerrar, pudiendo únicamente asumir el coste indemnizatorio derivado de lo legalmente establecido, muy inferior a las cuantías indemnizatorias que estamos ofreciendo actualmente", avisa la dirección.

FUTURO VIABLE

La dirección asegura que lleva desde el pasado noviembre "intentado mantener un proceso de negociación transparente" para llegar a "las mejores soluciones" que permitan afrontar un "futuro viable" para la fábrica cántabra ante la "incertidumbre" del mercado.

Al respecto, destaca que ha mantenido "veinte" reuniones informales con el comité y dos más oficiales, en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales, en las que se han trasladado "diferentes propuestas de negociación que no han sido atendidas" por los sindicatos que, según SEG, no han "mostrado contrapropuestas reales que den solución a la problemática empresarial".

Así, la empresa asegura que en las sesiones oficiales ha mostrado su "voluntad y disposición" a negociar "todos" los extremos del plan de viabilidad planteado y "sin ningún tipo de limitación", y en este sentido -añade- ha ofrecido formalmente, aceptando la propuesta de la parte social presentada en la reunión en el Orecla, varios extremos.

De este modo, estaría dispuesta iniciar un proceso de negociación abierto en el que se incluyen "todos y cada uno" de los puntos del plan, estableciendo un calendario y proceso de negociación de diez días. Con el mismo, la dirección aceptaría que tuviese un período de aplicación de hasta cinco años, reduciéndose el número de afectados para 2021 a 140.

Según su propuesta, la salida de los trabajadores se establecería de forma "ordenada" y bajo criterios "objetivos" acordados por las partes, de modo que "todo empleado afectado que lo desee tenga asegurado un puesto de recolocación alternativo".

Y durante dicho período de cinco años -agrega- se establecerían "garantías" para aquellos operarios que continúen en la empresa. Además, la dirección se compromete a "negociar el porcentaje de ajuste salarial", así como en la forma de aplicarlo, y también "mecanismos de recuperación" si la situación empresarial y del mercado mejora.

De igual modo, promete garantizar proyectos y productos "de futuro" que permitan "la viabilidad de plantilla resultante del plan".

LA PROPUESTA DEL COMITÉ, INVIABLE Y NO SOLUCIONA LA PROBLEMÁTICA

A pesar de haber "aceptado" la dirección estos planteamientos, el comité ha manifestado, según la dirección, que "únicamente negociará si la empresa se compromete a prejubilar a todos los trabajadores que actualmente tienen 53 años en adelante, durante los próximos cinco años del período de aplicación del acuerdo" (con prejubilaciones a los 58 años).

Una petición que además de resultar "inviable" económicamente tampoco supone "una solución a la problemática empresarial".

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