El Departamento de Estado de EE UU recoge en su informe anual de derechos humanos las quejas de varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa en España sobre las restricciones que aseguran que ha impuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El documento, publicado este martes, no expresa ninguna opinión de Washington sobre la actuación de Sánchez y se limita a recoger las quejas de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

"Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron una gran variedad de visiones sin restricciones. Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones de libertad de prensa, sin embargo, indicaron que las restrictivas leyes de prensa del país y su aplicación han concluido en censura y la autocensura de periodistas", indica el documento.

Por ejemplo, el Departamento de Estado explica que durante el año 2020 "hubo múltiples informes de ataques verbales de funcionarios del Gobierno, que verbalmente atacaron a algunos medios de comunicación y periodistas".

En este sentido, el informe recuerda que el 1 de marzo del año pasado Sánchez acusó a los medios "conservadores" de "agitar a la sociedad" siempre que pierden unas elecciones; y además recoge que ese mismo día el vicepresidente Pablo Iglesias dijo que los medios críticos con el Gobierno habían "ofendido la dignidad del periodismo".

Amenazas

También en marzo, según el documento, Iglesias "amenazó con enviar a un periodista a prisión" por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente en lo relativo a su financiación.

Esos comentarios fueron inmediatamente condenados por la Asociación de la Prensa de Madrid, recoge el Departamento de Estado.

En el capítulo de España, Washington afirma que "no hubo información sobre violaciones significativas de derechos humanos" y que "el Gobierno tenía mecanismos en marcha para identificar y castigar a los funcionarios que cometían violaciones de derechos humanos o cometían actos de corrupción".

El informe anual del Departamento de Estado examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo respecto a los derechos humanos, aunque no el de EE UU, donde grupos como Amnistía Internacional denunciaron un aumento de las violaciones de los derechos de minorías y migrantes bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).