El indulto para los nueve presos condenados por el 'procés' independentista es una decisión que "compete" al Gobierno central. Bajo ese argumento, la Abogacía del Estado ha evitado posicionarse a favor o en contra de la aplicación de la medida de gracia para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Lo ha hecho en un informe distribuido este martes en el que, eso sí, la Abogacía señala que ya se ha reparado el delito de malversación por el que fueron condenados los cuatro primeros, ya que han depositado una fianza de 4,1 millones de euros, suma del montante de gastos y pagos del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el pasado 1 de octubre de 2017.

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"No corresponde a la Abogacía del Estado manifestarse sobre la justicia o la conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia, pudiendo entenderse en el caso de hacerlo que con ello se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete", explica el órgano. El informe, elaborado por la Subsecretaría de Hacienda, era necesario para avanzar en la tramitación de los indultos, que se inició en septiembre del año 2020. 

En este tiempo, la Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a indultarles al "no apreciarse razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión". El Ministerio Público también rechazó un indulto parcial "teniendo en cuenta la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas".

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Para llevar a cabo este informe, la Abogacía constató con el Tribunal de Cuentas que los cuatro condenados por malversación (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) han depositado esa fianza. Sobre los demás no dice nada ya que, según recuerda la Abogacía, en la Ley del Indulto, que data de 1870, "no contempla la emisión de informe por todas las partes acusadoras, por lo que parece lógico que el contenido se limite al bien jurídico protegido [dinero público]", reza el escrito al que ha tenido acceso 20Minutos.

Una vez recibido este informe, el Supremo deberá elaborar el suyo, que no será vinculante para la posterior decisión que pueda tomar el Gobierno formado por PSOE y Podemos. Mientras tanto, los presos esperan en la cárcel. La Generalitat de Cataluña les concedió el tercer grado, pero el Supremo revocó el pasado mes de diciembre un primer régimen de semilibertad. Volvieron a prisión el 9 de marzo de 2021 después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña se lo retirase definitivamente al ser "prematuro" ya que no habían cumplido ni una tercera parte de la pena.