"Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no", señaló Burgos durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, en la que se mostró convencido de que la decisión de trasladar los cuerpos en dos días para celebrar el funeral de estado el 28 de mayo de 2003 "estaba tomada desde el primer momento".

El fiscal, que pidió al tribunal valorar los "daños morales" que sufrieron las familias de las víctimas aunque ello resulte "atrevido", defendió que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre efectuados inmediatamente, el día 27, cuando no existía ni la más remota posibilidad de que aquello tuviese la identificación de cadáveres". "No es que no les dejaran -señaló-. Había prisa".

Burgos, que expuso su informe al inicio de la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

Todos son documentos falsos

"Todos son documentos falsos", resumió el fiscal antes de explicar que estos informes generaron falsedad en los certificados de defunción de los fallecidos, en las licencias de enterramiento falsos y en los registros de los cementerios. "Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar -dijo-. Se ha mentido para que se pueda hacer".

Durante su exposición, que se prolongó durante más de una hora, Burgos explicó que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, por lo que los 30 espacios que se encontraban "vacíos" fueron "rellenados con nombres y apellidos por el acusado ".

A los tres acusados el fiscal les acusa de un delito de falsedad en documento oficial porque, según explicó, se cumplen los tres requisitos necesarios para su tipificación: los acusados eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre documentos y éstos contienen datos falsos en elementos esenciales.