El Gobierno central ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que en Galicia hace obligatoria la vacunación contra la Covid e impone multas de hasta 3.000 euros para las personas que se nieguen a inmunizarse. Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, la norma gallega "limita derechos fundamentales de los ciudadanos" y recuerda que una ley con estos efectos no puede ser de carácter autonómica, sino estatal.

En concreto, el recurso del Gobierno central se centra en el artículo 5 de la ley que aprobó el Parlamento gallego en febrero de este año que prevé el "sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas". La vacunación contra la Covid, como contra cualquier otra enfermedad, es voluntaria en España.

Otras medidas relativas a las libertades fundamentales que el Gobierno considera que no pueden establecerse en una ley autonómica son los controles "de las personas enfermas, cuando fuera procedente, como el aislamiento en domicilio, el internamiento en centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin" que establece la norma o de aquellas que "estén o hayan estado en contacto con las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en el domicilio o en otro lugar adecuado para tal fin".

Esas disposiciones figuran en la reforma de la Lei de Saúde, que permite multar a quienes incumplan las nuevas restricciones relacionadas con el coronavirus o pongan en peligro la salud pública ,con tres niveles de infracción con multas previstas entre 100 y 600.000 para los casos más graves.

Según ha dicho Montero, estas medidas "introducen restricciones y limitaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos" y, tras una consulta "de urgencia" con el Consejo de Estado, el Gobierno las ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Como ocurre en estos casos, el recurso del Gobierno suspende cautelarmente la aplicación de la norma en la parte impugnada y el tribunal tiene un máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.