En un post colgado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla recuerda que este "disparate no ha tenido aún desenlace", y subraya lo que supone que, "en la actual situación de crisis económica provocada por la pandemia", un grupo empresarial esté dispuesto "a llevar a efecto una inversión de 50 millones de euros para poner en marcha una planta que procese varillas de acero para la construcción".

El dirigente jeltzale señala que esta iniciativa industrial llevaría aparejada la creación de 200 puestos de trabajo directos y otros 500 inducidos en empresas auxiliares y del entorno. "Con estos números y previsiones, cualquier administración del país se daría con un canto en los dientes para hacerla viable en su ámbito, pero cualquiera no significa todas", añade en alusión al Ayuntamiento de Azpeitia, dirigido por EH Bildu, que alega razones de legalidad, amparándose en el PGOU, para rechazar que se pueda reactivar Corrugados en el casco urbano.

Según indica Koldo Mediavilla, "el proyecto en cuestión existe y la única condición que plantea es poderse desarrollar en una factoría ya existente, cerrada hace ocho años, pero en condiciones de hacer prosperar con éxito la iniciativa".

"La fábrica se encuentra ubicada en el casco urbano de Azpeitia, donde la acería funcionó hasta la crisis de su último proyecto industrial. El ayuntamiento de la localidad, presidido por EH Bildu se opone a la reactivación de la industria e invita al grupo empresarial a ejecutar su proyecto fuera de los ámbitos urbanos", remarcado.

Koldo Mediavilla subraya que "esto provocaría que la necesidad de financiación del proyecto se multiplicara por tres haciendo inviable el negocio". "La razón esgrimida por la alcaldesa de EH Bildu (Nagore Alkorta) se centra en una supuesta prohibición del Plan General de Ordenación Urbana que, según ella, impide la actividad de la acería", manifiesta.

Sin embargo, puntualiza que el Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa, "que apoyan la inversión, no ven ilegalidad alguna en la puesta en marcha del proyecto puesto que la supuesta prohibición no llegaría hasta la aprobación de una normativa especial que lo determine y que, a día de hoy, no existe".

"La decisión final pende de un hilo, simplemente de la voluntad política del gobierno municipal de EH Bildu. Setecientos nuevos puestos de trabajo pueden perderse por la decisión política de la izquierda abertzale. Luego, nos vendrá con la pancarta, a reivindicar. Ver para creer", concluye.