La Defensa de los acusados también ha mantenido la petición de absolución ante la querella interpuesta en 2015 por el entonces subinspector del GEO, B.G. Mendoza, en la que acusaba a ambos mandos de acoso laboral y solicitaba para cada uno de ellos una pena de dos años de cárcel.

Tanto Antolín como el segundo mando en la unidad de élite fueron denunciados en el año 2015 por el que fuera subordinado del cuerpo nacional de la Policía al entender que se le había apartado de todas y cada una de sus funciones inherentes a su puesto de trabajo y que estaba sufriendo una situación "humillante y discriminatoria".

La Fiscalía sostiene la absolución entendiendo que para dictar una sentencia condenatoria se tendrían que haber dado actos hostiles humillantes reiterados en el tiempo en el ámbito de la relación laboral y una grave situación de acoso laboral que "no se ha dado", y que el hecho de que no participara en determinados cursos o actividades solo era la consecuencia de la pérdida de confianza por distintas razones.

Tampoco la fiscal jefe, Rocío Rojo, ha considerado que se haya vulnerado el artículo 15 de la Constitución que protege la integridad moral y ha señalado que los posibles errores que se hubieran podido cometer en el expediente abierto en su momento contra el querellante, se han reparado en el contencioso-administrativo previo a esta vista.

De su lado, la Defensa de los querellados ha señalado que los hechos que han servido de base a la querella interpuesta no han sido probados "o son apreciaciones subjetivas", y ha pedido para ambos una sentencia absolutoria.

Según el letrado que representan a Antolín y Calvo, el querellante no sufrió ningún trato vejatorio ni discriminatorio y ha añadido que, a lo largo del juicio ha quedado acreditado que Mendoza siguió realizando las tareas en las que no resultaba imprescindible la absoluta confianza de los superiores, "lógico en una unidad que realiza tareas extremadamente delicadas y de riesgo".

Con todo esto ha dicho que la versión del querellante no se sostiene y cree que el "enrocamiento" de Mendoza debe contextualizarse en un desencuentro profesional y en una pérdida de confianza pero que no reviste la gravedad que reclama el Código Penal para manifestaciones más intolerantes.

Por su parte, la letrada que representa a Mendoza ha ratificado su petición de pena de dos años de prisión para cada uno de los altos mandos policiales, entendiendo que a su cliente "se le ha castigado por pensar".