La sala confirma así la existencia de indicios racionales de criminalidad y concluye que las alegaciones expuestas por los recurrentes han de ser dirimidas en la fase de juicio oral "conforme a los principios de oralidad, contradicción e inmediación".

El tribunal entiende que el auto recurrido está suficientemente motivado, ya que realiza un relato fáctico suficiente "a los efectos de determinar los posibles hechos que se consideran típicos", al tiempo que "identifica a las personas contra las que se dirigie el procedimiento", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Rodríguez pidió el sobreseimiento de las actuaciones por el caso Alquería al negar tanto haber cometido ninguna ilegalidad y como la existencia de intereses partidistas en las contrataciones de directivos en Divalterra -antigua Imelsa- , empresa pública sobre la que esta misma semana se ha anunciado también su disolución.

El magistrado instructor de la causa aprecia indicios de malversación y prevaricación por la presunta simulación de contratos en Divalterra para favorecer a afines del PSPV y Compromís y cifra en 1.122.095 euros el perjuicio paras las arcas públicas.

Además de Rodríguez están procesados sus entonces asesores en la corporación provincial, Ricardo Gallego y Manuel Reguart; el que fuera secretario-letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda, los exgerentes José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón y Agustina Brines y siete de los altos directivos contratados.

En su recurso, Rodríguez calificaba de "errónea" y "no ajustada a derecho" la decisión del juez de procesarle, desvinculaba a todos ellos de la preparación de los contratos de alta dirección y afirmaba que fueron elaborados por los servicios jurídicos y por el departamento de recursos humanos.

En su conjunto, alegaron principalmente que no pudieron cometer prevaricación ni malversación al no ser autoridad ni funcionarios públicos ni haber dictado alguna resolución administrativa y que no se habían determinado los hechos punibles e identificado a la persona que se les atribuían, entre otras cuestiones.

Sin embargo, para la sala, de lo actuado hasta el momento existen suficientes indicios de criminalidad, según se desprende de la resolución que recoge unos hechos que pueden ser constitutivos de ilícito penal. En esta línea, señala que la investigación parte de una querella de Fiscalía a raíz de dos denuncias presentadas por el director de los servicios jurídicos de Imelsa y un miembro del consejo de administración de Divalterra, que ponían de manifiesto posibles irregularidades en las contrataciones.

INFORMES

La sala señala que de las diligencias practicadas y de los once informes que constan en las actuaciones se desprenden indicios que apuntan hacia una presunta ilegalidad o incluso una falsa contratación; el dato importante de no haber intervenido el consejo de administración, que ostenta la facultad de nombrar al personal directivo; no constar informe técnico que justificara esos contratos y destaca que de una estructura empresarial con un solo gerente se pasó a diez cargos directivos apenas comenzó su andadura.

Destaca que existen datos que apuntan a un presunto conocimiento por parte de Rodríguez mientras que considera que sus asesores participaron "de manera activa".