Han asistido los consejeros de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón; de Sanidad, Sira Repollés; y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, así como el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez.

La reunión se ha celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y con ella se han querido resolver las dudas que se les plantean a los municipios que más trabajadores temporales del campo reciben cada año para afrontar la temporada de recogida de la fruta, a quienes se ha ofrecido "todo el apoyo necesario" en el caso de que surja algún problema, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Durante el encuentro, también se ha puesto de manifiesto la colaboración, la transversalidad y la coordinación interdepartamental dentro de Ejecutivo para evitar nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2 en la próxima campaña, cuyo punto más álgido se dará entre julio y agosto, meses que más preocupan al Gobierno de Aragón.

La experiencia del año pasado ha llevado a la comunidad autónoma a adelantar todo lo posible la planificación de la campaña y en febrero se publicó en el Boletín Oficial de Aragón una orden conjunta de los Departamentos de Agricultura, Economía y Sanidad de medidas de control y prevención para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y la salud.

La orden obliga a los empleadores con más de una hectárea de frutal a comunicar a la Administración las previsiones de contratación a través de la presentación de una declaración responsable.

SANCIONES

El número total de agricultores con esta obligación es de casi 3.000 y afecta a un total de 37.800 hectáreas. El plazo para presentar las declaraciones concluyó el pasado viernes y las han formalizado el 85,4 por ciento de los fruticultores, que trabajan en el 98 por ciento de las hectáreas. El consejero Olona ya adelantó este martes que se ha iniciado expediente sancionador para ese 14,6 por ciento que no ha cumplido, fundamentalmente agricultores de pequeñas explotaciones de menos de 20 hectáreas.

El Ejecutivo ha indicado que este instrumento de planificación ya se puso en marcha el año pasado, pero con la campaña ya iniciada y solo presentaron la declaración el 47 por ciento de los fruticultores obligados.

"Este año me hubiese gustado superar el 90 por ciento, pero tengo que agradecer la diligencia del 85,6 de los empleadores que ha presentado la documentación, así como la labor de las organizaciones agracias y cooperativas", ha dicho Olona.

A su entender, hay que evitar que lleguen más trabajadores de los necesarios y que, según los datos recogidos a través de las declaraciones responsables presentadas, no serían más de 15.000 en el momento cumbre de la campaña.

AYUDAS

Por su parte, la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha incidido en que su Departamento ha convocado ayudas para financiar el acondicionamiento de los alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario.

Desde este mismo martes y hasta el próximo 14 de abril, las empresas y cooperativas agrarias pueden solicitar estas subvenciones, dotadas con 215.000 euros, tanto de forma presencial, como telemática.

El objetivo es apoyar al sector y facilitar que sus trabajadores temporales tengan alojamientos adecuados, mejorando sus condiciones laborales y reducir los riesgos frente al coronavirus.

Durante la reunión también se ha puesto de manifiesto la intención del Gobierno de Aragón de intensificar las inspecciones en las explotaciones agrícolas. Para ello, se trabajará de forma conjunta con el resto de las Administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.

AISLAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS

Por su parte, el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, ha recordado que el año pasado el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales hizo llegar a las comarcas una petición para que informaran del número de trabajadores temporales del campo que aspiraban a recibir y de cuántos recursos habitacionales disponían en su territorio.

En relación con lo primero, se elaboró un listado con más de un centenar de empresas agrícolas de nueve municipios que iban a dar empleo en total a más de 3.500 temporeros. Sobre los alojamientos, se recibió información sobre cuatro comarcas -Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Campo de Borja y Bajo Aragón-, gracias a la cual se pudo analizar la disponibilidad en cada territorio y las principales instalaciones con que contaban en caso de necesidad.

Después de estas acciones, el Departamento de Presidencia cuenta esta temporada con un censo de recursos alternativos que, en caso de brote, permitiría a los municipios afectados aislar a los trabajadores del sector contagiados y evitar así la propagación del virus.

Ibáñez ha precisado que desde su dirección general se está ofreciendo un servicio de acompañamiento a los ayuntamientos, atendiendo sus necesidades y trasladándolas por los canales de comunicación correspondientes.

PRUEBAS Y RASTREO

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha mostrado su apoyo a los municipios y ha recordado que, en caso de que fuese necesario, el Departamento actuaría siguiendo los protocolos que se siguen ante cualquier brote en el marco de sus competencias: la realización de pruebas diagnósticas, seguimiento de los casos y rastreo de los contactos.

Además, ha dicho que el verano pasado la comunidad autónoma dio de alta de forma temporal a aquellos residentes en Aragón que no tenían derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos para su control epidemiológico en el marco de las actuaciones en materia de salud pública realizadas para el control de la COVID-19.

Esto les da acceso a la cartera de servicios de Atención Primaria, Especializada y la dispensación farmacéutica de los medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad, con la aportación del usuario del 40 por ciento de su precio.

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado que desde la Dirección General de Cooperación e Inmigración, además de la estrecha colaboración que siempre mantiene con Agricultura, está a disposición de cualquier institución pública o entidad que lo requiera para llevar colaborar en aspectos como la traducción e interpretación; la accesibilidad de toda la información y la asistencia jurídica especializada en temas relacionados con inmigración y extranjería.

Del mismo modo, dentro de las subvenciones de Inmigración que se otorgan anualmente, se han financiado proyectos de orientación, acogida y mediación intercultural con trabajadores agrícolas de origen extranjero.

Además, la Dirección General está trabajando en la elaboración de una campaña de sensibilización que se empezará a difundir a principios de abril para poner el acento en los derechos de las personas inmigrantes y hacer visible su situación. En 2020, se elaboró una traducida a siete idiomas con medidas de prevención y actuación ante la COVID-19.