Hace doce días que el Gobierno aprobó el real decreto que crea un nuevo fondo de 11.000 millones para facilitar la solvencia de autónomos, pymes y empresas, de los que 7.000 serán ayudas directas, y aunque los criterios de reparto estaban claros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no activará el primer paso para que el dinero llegue a sus destinatarios hasta que este jueves el Congreso no convalide el decreto. Siga aquí el pleno en directo:

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Solo entonces Montero publicará una Orden Ministerial con la cantidad que recibirá cada comunidad autónoma para que, el primer paso del proceso para que estas pongan en marcha los trámites para otorgar las ayudas. Para que se inicie todo este proceso, la ministra espera a la votación de este jueves en la que, por ejemplo, el PP no había revelado aún este miércoles el sentido de su voto para apoyar un fondo que para los populares se queda corto. Pablo Casado pidió ayudas por valor de 50.000 millones.

En todo caso, el Gobierno cuenta con convalidar el decreto y después de la votación Montero firmará una Orden Ministerial para detallar cómo se reparten entre las comunidades los 7.000 millones de ayudas directas. En el decreto no figura que este tenga que ser el orden de las actuaciones y, de hecho, cuando lo aprobó el Consejo de Ministros el 12 de marzo la ministra anunció el reparto para los "próximos días". Fuentes del Gobierno indican sin embargo que esperará a la votación por "responsabilidad" y en Hacienda no precisan cuándo estará lista la Orden Ministerial, si al día siguiente, en los posteriores o este mismo jueves.

Lo cierto es que las cifras ya estaban claras hace dos semanas. De los 7.000 millones, 2.000 serán exclusivamente para Canarias y Baleares, por el peso del turismo en su actividad económica, y los 5.000 millones restantes se distribuirán entre el resto de comunidades y Ceuta y Melilla, con los mismos criterios que se tuvieron en cuenta para el reparto en diciembre de 10.000 millones del fondo React de la UE: caída del PIB, tasa de desempleo y paro juvenil. La única diferencia es que entonces solo se tuvieron en cuenta datos hasta octubre de 2020 y ahora se abarcará hasta diciembre del año pasado.

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Hacienda precisa que en la Orden Ministerial solo deben ir las cifras del reparto y que no habrá  cambio de criterios. Los autónomos de UPA  piden que sea en función del número de autónomos en cada comunidad y Castilla y León los considera "discriminatorios" porque a esta comunidad obtuvo el 3,35% del fondo React, cuando con el sistema de financiación autonómica le correspondería el 6%.

Tampoco habrá modificación por lo que respecta a los sectores que se estipulan en el decreto y que han sido puestos en entredicho, por ejemplo, por la Comunidad de Madrid, que ha anunciado ayudas para apoyar sectores "excluidos" por el Gobierno en estos 7.000 millones.

Proceso en cadena

A pesar de que no habrá cambios, Montero ha dejado pasar dos de las cinco semanas que se autoimpuso el Gobierno central como el plazo para hacer la transferencia de fondos a las comunidades.

Según el decreto, en 30 días desde el 13 de marzo Hacienda debe haber firmado con los gobiernos autonómicos los convenios necesarios y hasta ese momento la Agencia Tributaria no podrá empezar a trabajar al detalle con las comunidades sobre qué tipo de información de las pymes y autónomos en sus territorios precisan para saber cuáles cumplen los criterios para recibir las ayudas.

Según apuntan en la Agencia Tributaria, hasta que Hacienda no firme los convenios con cada comunidad, no se sabrá cómo será el procedimiento, si, por ejemplo, autónomos y pymes deberán solicitar la ayuda y entonces Madrid deberá informar si cumplen los requisitos o si deberán facilitar esta información  a cada comunidad de todas sus empresas y autónomos.