Se acerca la Semana Santa, los contagios van en aumento en la UE y también crece el desconcierto entre los españoles, que no podrán viajar dentro de la Península pero verán cómo otros europeos llegan a pasar aquí sus vacaciones. En este contexto, el Gobierno central rehúye de momento tomar una decisión para frenar la llegada de turistas extranjeros.
En su lugar, delega en las decisiones de otros países para impedir a sus ciudadanos salir de sus territorios. También deja la decisión en manos de las autonomías, a las que la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, invitó ayer a aplicar sus cierres perimetrales para que las personas solo puedan salir por causas "plenamente justificadas". Según ha señalado, en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles habrá "medidas adicionales".
El Gobierno no se plantea de momento tomar otras medidas, como proponer en Bruselas un cierre de fronteras como el de la primera oleada. Todo lo contrario, ayer levantó las restricciones para volar desde el Reino Unido que estaban vigentes desde diciembre. "Ya se puede normalizar la situación en relación con el Espacio Schengen", dijo Montero.
A los británicos que quieran venir a España se les exigirá una PCR negativa realizada un máximo de 72 horas antes, como al resto de europeos, en una posibilidad de movimiento que provoca irritación entre los españoles, que no podrán salir de sus comunidades. Sí les estará permitido viajar a otros países de la UE, donde en muchos casos sus habitantes tampoco pueden moverse libremente. Es la "reciprocidad" a la que se acoge el Gobierno para no tomar otras medidas. También es la "incoherencia" a la que se refirió hace este lunes la Comisión Europea, provocando malestar en el Gobierno español, que recuerda que no hace más que seguir el plan trazado a nivel comunitario, para mantener abiertas las fronteras interiores de la UE.
En este contexto, el Gobierno se encomienda a las restricciones que impongan otros países a sus nacionales. Las multas de hasta 6.000 euros para los británicos que vayan de vacaciones fuera del país o el nuevo cierre casi total del país que decretará Alemania entre el 1 y el 5 de abril son clavos a los que se aferra el Gobierno para intentar frenar un turismo internacional que, por otra parte, no se ve con malos ojos.
Esta es la opinión en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o de la Comunidad Valenciana, una de las más firmes en querer frenar la llegada desde otros territorios pero que defiende que el sector turístico debe intentar levantar cabeza. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defendió ayer que los españoles deben "sacrificarse" para "garantizar" la seguridad del turista internacional.
El Gobierno reconoce que la llegada de turistas plantea un problema ante el enfado de los españoles porque ellos no pueden moverse. Pero lo considera un mal inevitable, dado que no piensan reestablecer la movilidad, para evitar una cuarta ola. Sin aclarar más, Montero puso ayer también el balón en el tejado de las comunidades, que este miércoles vuelven a reunirse con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un nuevo Consejo Interterritorial en el que auguró decisiones. "La reciprocidad tiene que ser compatible con el cierre perimetral de las comunidades. Si deciden que los ciudadanos solo tienen que salir para tareas plenamente justificadas es decisión de los presidentes autonómicos", dijo.
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