Las ayudas públicas para comprar pisos (tanto protegidos como libres), formalizar alquileres o realizar reformas en casa llegarán durante los próximos cuatro años a 30.000 familias aragonesas, 5.000 más que con la última legislación en materia del sector de la vivienda.

El Gobierno de Aragón aprobó ayer el nuevo Plan de Vivienda de la comunidad, que incluye nuevas bajadas de interés en las viviendas protegidas, un aumento en el límite de renta para acceder a estos pisos (lo que permitirá que más gente pueda beneficiarse de las ayudas) y un impulso a la vivienda de alquiler, que garantizará por primera vez el derecho de compra a los diez años.

Las principales novedades de la ley son que los compradores de una vivienda protegida tendrán un tipo de interés final en las hipotecas de menos del 3% (hasta ahora era del 5%); se incrementarán de 35.000 a 45.000 euros el mínimo de ingresos establecido para acceder a estas ayudas; y las familias con ingresos inferiores a 15.000 euros dispondrán de hasta un 40% de subvención en el pago de su alquiler por cinco años, mientras que quienes perciban menos de 25.000, recibirán un 20%.

Además, ayer se aprobó un decreto adicional que permitirá convertir en viviendas garantizadas aquellos pisos libres, que rebajen su valor entre un 25% y 35%, con un límite de 196.473 euros (para 90 metros cuadrados), de forma que se acerquen lo más posible a las VPO.

El objetivo de esta medida, a la que podrán acceder aquellas viviendas que no hayan logrado encontrar comprador desde 2006, es dar salida al stock de entre 4.000 y 6.000 viviendas vacías que hay en esta situación en Aragón.

La DGA financiará y avalará las viviendas garantizadas por un importe no superior al 10% del precio de venta y por un plazo máximo de diez años.

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