ERC y la CUP han acordado dar un margen de tiempo a la mesa de negociación con el Estado para encarrilar una salida política al conflicto catalán y decidir, en la primera mitad de 2023, si vale la pena mantener el diálogo o es momento de lanzar un "nuevo embate democrático por la autodeterminación".
Así lo recoge el preacuerdo entre ERC y la CUP para garantizar este viernes la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, un documento que plantea la creación de una "mesa de dirección estratégica" del independentismo, encargada de "preparar las condiciones para el nuevo embate democrático" con el Estado.
El preacuerdo, que aún debe ser ratificado por las asambleas de la CUP mañana miércoles, incluye compromisos programáticos para dar un giro a la izquierda en políticas sociales y económicas, como una "renta básica universal", un "rescate social", medidas sobre vivienda y salud y un cambio en el modelo policial catalán.
La CUP se compromete a "facilitar la gobernanza" y garantizar la "estabilidad presupuestaria" si se cumplen los puntos acordados, mientras que Aragonès, si es investido president, se someterá a una cuestión de confianza "antes de acabar la primera mitad de 2023".
Los 9 votos de la CUP, sumados a los 33 de ERC, son necesarios pero no suficientes para investir a Aragonès, que debe conseguir en las próximas 48 horas atar también el apoyo de los 32 diputados de JxCat de cara al debate de investidura que convocará la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para este viernes.
Banca pública catalana
La CUP y ERC se han comprometido a implementar una banca pública catalana "a corto plazo" en esta legislatura a través del Institut Català de Finances (ICF) y una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables.
En el marco del compromiso de crear una banca pública, ERC y la CUP trabajarán para situar el ICF como entidad de "referencia a la hora de facilitar al máximo el impacto económico, social y ambiental de los fondos europeos" de recuperación, que se han comprometido a estudiar conjuntamente una vez se constituya el nuevo Govern.
El documento incluye también el acuerdo de crear un "marco normativo que facilite la remunicipalización de los servicios públicos como el agua", además de la creación de una energética pública.
De esta forma, ERC y CUP trabajarán para situar bajo "control público" de la energía, incidir en el sector eléctrico, recuperar las centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y definir un modelo de transición energética.
Además, ambas formaciones estudian crear una nueva Conselleria de Acción por el Clima -una propuesta que los republicanos llevaban en su programa electoral-, que será la encargada de impulsar una ley de transición energética, otra de biodiversidad y un plan integral de protección del Delta de l'Ebre, entre otras iniciativas.
Renta básica universal
El plan piloto de renta básica universal se desplegará en tres fases, según el acuerdo: en una primera, en 2021, se llevará a cabo un estudio de las opciones de diseño de esta medida para "alguna o algunas franjas de edad" y de qué modificaciones se requieren para aplicarla.
En 2022, los partidos se comprometen a implementar las mejoras y transformaciones acordadas en políticas de rentas sociales y del plan piloto de renta universal para las franjas de edad más vulnerables.
En 2023 arrancará la tercera parte del proyecto, con la evaluación del impacto y funcionamiento de la renta básica y el planteamiento de propuestas para ampliarla, "si es el caso".
El acuerdo de la CUP y ERC incluye la creación de un comité permanente de seguimiento para evaluar una vez al mes "el cumplimiento de los acuerdos firmados", además de una comisión de coordinación entre el Parlament y el Govern que hará un control de carácter técnico-político con una periodicidad semanal.
Nuevo protocolo de desahucios sin Arro ni Brimo
El preacuerdo también contempla modificar el protocolo de lanzamientos judiciales y la no intervención de la Arro y la Brimo de los Mossos d'Esquadra en desahucios de familias y personas vulnerables.
El documento también pide simplificar los procesos; ampliar los plazos para elaborar el informe-evaluación de los servicios sociales previo al desahucio, y "suspender los desahucios hasta que no garantice el derecho a la vivienda a través del parque público".
El preacuerdo contempla un presupuesto de 1.000 millones anuales en políticas de vivienda y movilizar el parque público con la incorporación de 5.000 viviendas anuales a través de tanteo y retracto, viviendas ya construidas o por rehabilitar que no están en alquiler.
Asimismo, estudian la aprobación de la una "Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) catalana" que prolongue la duración de los contratos de alquiler, establezca prórrogas automáticas y reconozca a las organizaciones sociales que defienden los derechos de los inquilinos, entre otras premisas.
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