La ley de vivienda sigue sin avanzar y marzo ya encara su recta final sin que se adivine en el horizonte una solución rápida al desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos. Este lunes, técnicos del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias mantuvieron una reunión para intentar desbloquear las medidas sobre el alquiler que contendrá la norma. Unidas Podemos salió de ese encuentro convencido de que el PSOE se había abierto a su propuesta de limitar el precio de los arrendamientos. Pero los socialistas lo niegan y acusan a los morados de mentir.

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La diferencia sigue estando en el mismo punto que en las últimas semanas: el método para rebajar los precios del alquiler, especialmente en algunas capitales españolas donde han alcanzado récords. La semana pasada, los socialistas presentaron por escrito a Unidas Podemos su propuesta de rebajas de impuestos a los propietarios que bajen el precio del alquiler, una medida que los morados rechazan de plano. La iniciativa de los morados, a la que ha tenido acceso 20minutos, es la que se comprometió en octubre: un mecanismo de limitación de precios. Estas son sus características principales:

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Se trata de la clave de bóveda del mecanismo. Unidas Podemos propone que, en las áreas de "mercado tensionado" que definan los ayuntamientos, los nuevos contratos de alquiler que se firmen no puedan incluir un precio que supere "el índice oficial de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano".

Precios congelados

Para estas zonas, la propuesta de Unidas Podemos establece que los caseros tampoco puedan elevar el precio del alquiler al firmar un nuevo contrato aunque este estuviera por debajo del límite marcado. Como mucho, los propietarios podrían alquilar su piso al último precio al que lo hubieran hecho en los cinco años anteriores, aunque fuera más bajo que el tope de referencia.

Esto no se aplicaría en los casos en los que el anterior inquilino fuera un familiar de hasta segundo grado, y tampoco si el último contrato era de renta antigua. Pero, en todo caso, el precio recogido en el nuevo contrato "no podrá superar el índice oficial de referencia correspondiente", sostiene la propuesta morada. "Además se considerará, si no hubiera acuerdo escrito previo en sentido contrario, que los gastos generales de la vivienda están repercutidos en la renta acordada, no pudiéndose así pactar en un nuevo contrato la asunción de estos por la parte arrendataria", apunta el borrador.

Un índice objetivo

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Los índices de referencia serían obligatoriamente elaborados por las comunidades "con metodologías objetivas" y tendrían que revisarse periódicamente. Los precios tope se fijarían "atendiendo a las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual" en el área tensionada, y los propietarios solo podrían superarlos un 2,5% en función de las características ventajosas de su vivienda, siempre y cuando la comunidad así lo permitiera.

En este sentido, el borrador plantea que "el precio podrá modularse ponderando circunstancias como el estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad o no mediante ascensor, eficiencia energética, proximidad de acceso a transporte y servicios públicos, inclusión o no de mobiliario o de anexos, zonas comunitarias de uso compartido, renta familiar disponible de la zona, y otras que puedan resultar relevantes según determine el departamento de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda". Pero siempre respetando ese aumento de, como mucho, un 2,5% sobre el precio máximo fijado.

Los pisos por habitaciones

El mecanismo que plantea la Vicepresidencia también establece que, en esas zonas declaradas tensionadas, los pisos que se alquilen por habitaciones tampoco podrían superar el precio máximo que se establezca cuando se sume el importe total de todos los arrendamientos.

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Casero e inquilino podrían acordar que el segundo se hiciera cargo de los suministros de luz, agua y gas si en el contrato anterior así se recogía. No obstante, el precio de esos suministros se sumaría al del alquiler, y ambos, conjuntamente, no podrían superar el tope de referencia, para evitar que los propietarios que se vieran obligados a bajar los precios pudieran repercutir en los inquilinos el coste de los suministros. La única vía a través de la que el propietario podría subir el precio sería la realización de obras de mejora en la propiedad, lo que no incluiría las de mantenimiento o conservación del piso o el edificio y tampoco las reparaciones.