La pena de cárcel interesada para quien fuera regidor durante nueve años -de 2006 a 2015- deriva de la modificación de las conclusiones previas que el abogado del Consistorio anunció al arrancar el juicio contra Cortina, que en su informe definitivo también pide inhabilitación absoluta durante diez años.

Está procesado por la contratación supuestamente irregular de una empleada, que entre enero de 2007 y abril de 2010 giró un total de 38 facturas por importe cercano a los 100.000 euros y que se enfrenta a un año de cárcel por tráfico de influencias que reclama la acusación particular. Este letrado también interesa multa de 180.000 euros y, además, que se indemnice con más de 114.549 euros al Ayuntamiento, por el perjuicio económico causado.

Por su parte, la fiscal, en la última sesión del plenario, -celebrado desde la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia-, ha pedido la misma cuantía por responsabilidad civil, que es el montante fijado inicialmente más el IVA.

En este sentido, la representante del ministerio público ha interesado la nulidad de los documentos administrativos de la contratación enjuiciada, en concreto las actas de la Junta de Gobierno Local de 2007 y 2008 y un decreto de Alcaldía de este último año, así como las órdenes de pago de facturas durante ese periodo.

Y, de forma alternativa, ha planteado la responsabilidad civil en una cantidad inferior, ceñida únicamente a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, y que quedaría en la cifra de 65.580 euros -54.199 euros más 11.381 euros del IVA correspondiente-.

Ambas acusaciones han eliminado de sus respectivos escritos la referencia de que la trabajadora implicada estuviera afiliada al PP, condición que sí reunía en cambio su hermana, funcionaria del Ayuntamiento encargada de recursos humanos y que así lo reconoció durante su declaración como testigo.

Las otras dos acusaciones -particulares en un inicio pero que en el arranque de la vista se acordó que ejercerían al acción popular- han modificado sus conclusiones para, por un lado, cifrar el montante a reclamar en los más de 114.000 euros citados y, por otro, para que el delito de tráfico de influencias imputado a la acusada se considere continuado.

DEL TRABAJO Y PAGO DE IMPUESTOS AL MONTAJE Y DENUNCIAS FALSAS

Por su parte, las defensas han insistido en la libre absolución de sus respectivos patrocinados, que han ejercicio, en ambos casos, el derecho a la última palabra. La procesada se ha limitado a comentar que se ha dedicado a trabajar y pagar impuestos: "Yo, lo único que he hecho es trabajar y pagar impuestos", ha manifestado.

Mientras, Cortina ha pedido a la sala la "oportunidad" de poder explicar "lo que me ha pasado", según ha expresado, a lo que el presidente del tribunal, Agustín Alonso Roca, le ha concedido "siete minutos".

En ese tiempo, el exalcalde astillerense -que durante la última sesión del juicio también ha estado tomando notas o apuntes en folios, como ha hecho en momentos de las anteriores-, ha expuesto diversas y variadas cuestiones relacionadas con este proceso, que le ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados y, también, a dejar la política, en junio de 2018.

Entre otras consideraciones, ha manifestado que "nunca" adoptó, durante el ejercicio del cargo -previamente había sido concejal y teniente de alcalde- una decisión con conocimiento de alguna irregularidad o informes contrarios, según ha expresado.

Y también ha esgrimido que la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la contratación inicial es "un órgano colectivo", por lo que ha negado que él, como alcalde, tomara decisiones "individuales".

Tras enumerar distintos momentos del proceso, desde la denuncia que interpuso el secretario municipal después de un informe de reparto del interventor, Carlos Cortina ha incidido en cuestiones en las que a sus ojos "hay falsedad" y ha concluido que "esto es un montaje", por lo que ha pedido que se investiguen las "denuncias falsas".