Según el escrito de denuncia interpuesto por el equipo jurídico de APDH-A, tras ser detenido por la Policía Local de Guillena un varón identificado como A.J., estando entonces este hombre en compañía de su hijo de tres años de edad, los agentes trasladaron al detenido a la Jefatura de la localidad, "abandonando al menor en la vía pública".

Tras recabar el testimonio de A.J., testigos de la actuación policial y varios informes clínicos que se elaboraron inmediatamente después de la detención, la entidad denunciante aprecia "un posible delito de torturas y de abandono de un menor en la vía pública que podría concurrir con la agravante de motivación racista".

Según la entidad, A.J. "fue golpeado en el costado derecho en varias ocasiones" por los agentes, siempre supuestamente, y habría sido objeto de "insultos y amenazas racistas". Además, la asociación ha pedido al Ayuntamiento de Guillena, gobernado por el socialista Lorenzo Medina, las imágenes del sistema de vídeo-vigilancia de la Jefatura de la Policía Local, así como "la iniciación de un procedimiento disciplinario contra los agentes implicados".

GESTIONES EN MARCHA

Ante esta denuncia, fuentes municipales aseguraban a Europa Press que el Consistorio de Guillena está recopilando "información interna acerca de los hechos para, si procede, iniciar un expediente informativo".

En ese contexto, la Secretaría General de Interior de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía ha respondido a un escrito de APDH-A sobre este caso que según la normativa vigente, respecto "a la solicitud de iniciación de expediente disciplinario" (...) "será el alcalde el competente para iniciar el procedimiento disciplinario en su caso, careciendo esta Secretaría General de competencia para ello".

La Consejería expone igualmente que está "tramitando una nueva Ley de las Policías Locales de Andalucía, tras los casi 20 años de vigencia de la Ley 13/2001", en cuyo desarrollo reglamentario "se podrán tener en cuenta las sugerencias contenidas en la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/5085, acerca de los sistemas de videovigilancia en las dependencias municipales de detenidos de las capitales de provincia", según figura en este escrito de contestación recogido por Europa Press.