El objetivo de VOX es el de "atajar" la despoblación que sufre Castilla y León a través de una iniciativa parlamentaria que presentará en todos las instituciones en las que tiene representación, informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Tras mantener una serie de encuentros con la Federación de Usuarios del AVE de Castilla y León, la formación ha registrado en las Cortes una iniciativa parlamentaria para que se considere dentro de un régimen especial a los territorios despoblados de España que sea semejante al tratamiento de insularidad, que subvenciona gran parte de los trayectos que hacen los residentes de las islas.

"La crisis sanitaria COVID está dando paso a un nuevo planteamiento en la forma de vida y de trabajo en los hábitos de las personas y de las familias de una manera tan radical, que lo que hasta hace poco eran las debilidades de la España despoblada, en este momento comienzan a convertirse en fortalezas", señala la formación.

El impulso del teletrabajo, así como el de las relaciones laborales a distancia, plantea, a juicio de Vox, "nuevos retos" en los que provincias cercanas a la capital de España que están unidas por una infraestructura de comunicación que ofrece "rapidez, puntualidad y eficacia" como es la Alta Velocidad Española, pueden presentar a Castilla y León como una tierra "realmente atractiva" para fijar residencias y localizar empresas.

Desde VOX entienden que hay que vertebrar la España despoblada como en las islas, que tienen un descuento directo en ventanilla del 75 por ciento porque, aseguran, España es el país del mundo, quitando China, que tiene más kilómetros de Ave, pero es el que tiene menor número de viajeros debido a su elevado coste.

Por ello proponen que el Gobierno reconozca a los territorios con un elevado índice de despoblación con un régimen similar al insular, con el fin de, por un lado mantener, y por otro lado intentar atraer población de otras CCAA a aquellas provincias de Castilla y León a las que ya llegan las líneas de alta velocidad aprovechando su cercanía a ciudades superpobladas como Madrid, añaden.

También afirman que los "miles de millones de euros" que los españoles han destinado a través de sus impuestos a la construcción de infraestructuras de alta velocidad deben revertir a la sociedad para dar solución a sus problemas.

Esta acción de subvencionar el 75 por ciento del coste del billete de tren AVE, AVANT, Alvia e Intercity en ventanilla implicaría un coste de 37.500.000 euros, frente a los 765 millones de euros con los que actualmente el Gobierno financia el transporte aéreo a los residentes insulares y supondría unos beneficios "históricos" en la vertebración nacional y un gran incremento en los rendimientos cuantificables del PIB de Castilla y León.

PETICIONES AL GOBIERNO

Por ello, reclaman a la Junta que inste al Gobierno de la Nación, en el ámbito de su competencia, que acuerde la declaración de Obligación de Servicio Público para el tramo de Línea de Alta Velocidad entre León- Palencia-Valladolid; Salamanca - Madrid; Zamora - Madrid; subvencione en ventanilla el 75 por ciento del precio del billete de AVE, AVANT Alvia e Intercity para todos los viajeros empadronados en Castilla y León en sus desplazamientos a Madrid y retorno y que RENFE incremente los trenes con la salida y llegada del Avant en trayectos hacia y desde Madrid de las líneas entre León- Palencia-Valladolid; Salamanca - Madrid; Zamora - Madrid, en las primeras y últimas horas del día para facilitar el desplazamiento al puesto de trabajo y regreso al domicilio.

Además, pide también a la Junta que se implique en el desarrollo de políticas de impulso del tejido económico y vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, entre otros, para facilitar el asentamiento vital de quienes encuentren en el tren de alta velocidad el nuevo cercanías del siglo XXI.

Asimismo, que mientras el Gobierno de la nación no apruebe los beneficios solicitados en esta PNL, la Junta contemple la bonificación vía fiscalidad en el IRPF, el coste de los billetes que incurran en gastos para adquirir abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal, billetes promos o similares, reduciendo el 25 por ciento de dichos gastos, y con el límite de 2.000 euros en la cuota íntegra autonómica.

Para ello Vox pide, además, que se contemplen dos requisitos, residencia fiscal y de empadronamiento en la Comunidad y certificado empresarial del contrato de trabajo o centro de actividad principal profesional en otra CCAA diferente, concluye el comunicado.