En concreto, esta prestación llega a 2.295 familias del archipiélago, y un total de 2.677 del total de perceptores son menores de edad.

La cuantía media de la ayuda económica en las Islas es de 500,98 euros mensuales, lo que supera los 459,95 euros de promedio que cobran los titulares del IMV en el resto del Estado.

Desde la entrada en funcionamiento de este subsidio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha tramitado 20.669 expedientes, de los que ha resuelto el 98%.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha agradecido "el esfuerzo y la labor de los trabajadores del servicio y del resto de las Administraciones Públicas" en la gestión de esta figura, así como "la valiosa colaboración" de las organizaciones sociales que prestan apoyo en su ejecución.

Calvo ha destacado la importancia del IMV para garantizar "la justicia social y la solidaridad hacia las personas más vulnerables, en un momento de crisis como el actual".

El número total de expedientes abiertos supera los 32.700 en las Islas. De ellos, 2.386 se habían presentado por duplicado, lo que reduce finalmente el número de solicitudes a 30.375.

Hasta marzo se han aprobado 2.332 expedientes y se han denegado 17.958, la mayoría de ellos por superar los niveles máximos de renta y patrimonio. Hay otras 379 peticiones en proceso de enmienda, por haberse detectado errores, como la falta de documentación.

En el conjunto del país, el IMV ha llegado este mes a 203.000 hogares, en los que viven más de 565.000 personas. La prestación tiene una incidencia especial en la lucha contra la pobreza infantil, como lo demuestra el hecho de que más del 70% de las familias que lo reciben tienen al menos un menor en su unidad de convivencia.

Además, más del 70% de los titulares son mujeres; este colectivo de población también es el mayoritario entre las unidades familiares que perciben el subsidio. En los nueve meses que lleva en vigor, la Seguridad Social ha destinado más de 920 millones de euros a sufragar el cobro de la prestación.

Por otro lado, un 10% de los casos en los que se deniega el Ingreso Mínimo Vital se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia.

Por este motivo, en enero se modificó la norma para que los trabajadores sociales y las entidades colaboradoras puedan realizar esta acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.