El Parlamento Europeo es un oasis para la política española en comparación con las convulsiones que esta registra en España. En medio de la crispación máxima que no cesa aquí entre Gobierno y los partidos en la oposición, en Bruselas eurodiputados de todo signo político son capaces de trabajar juntos -"codo con codo"- en favor de los intereses españoles. Por ejemplo, por lo que respecta al Fondo europeo de Recuperación y Resiliencia que asignará a España 70.000 millones de transferencias directas en los próximos años. Por eso, es más notoria la denuncia que eurodiputados a la izquierda y la derecha del PSOE hicieron esta semana sobre la falta de transparencia sobre la manera en la que el Ejecutivo planea -y, de hecho, ha empezado ya- a asignar proyectos que se financiarán con el maná de la UE.

Los eurodiputatados de Ciudadanos, Luis Garicano, y de En Comú Podem, Ernest Urtasun, llamaron la atención sobre la falta de información, la incertidumbre que cunde entre comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas sobre qué contactos deben establecer con el Gobierno o a quién recurrir para poder participar en proyectos financiados con el fondo Next Generation de la UE. Lo hicieron durante una jornada organizada por la oficina en Madrid del Parlamento Europeo en la que también participaron Jonás Fernández, del PSOE, y José Manuel García Margallo, del PP, donde pusieron en solfa las dudas sobre cómo se canalizarán los miles de millones con los que el Ejecutivo quiere transformar la economía en los próximos años.

"En estos momentos, el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo principal en dar mejor información, hay muchos ayuntamientos y comunidades que no tienen muy claro un teléfono al que llamar", apuntó Urtasun, adscrito en la Eurocámara al grupo de Los Verdes, que se mostró especialmente "crítico" con el entramado que ha creado el Gobierno para financiar proyectos.

"El reto para España es que seamos capaces de hacer bien el reparto de fondos, consultar con comunidades y ayuntamientos, que no se hace, y con las empresas. España tiene un reto muy grande de gastar el dinero bien y tengo dudas", añadió Garicano, miembro del grupos liberal en el Parlamento Europeo.

Depende de cada ministerio

El Gobierno abrirá miles de ventanillas para presentarse a proyectos financiados por la UE que decidirá el Consejo de Ministros

El procedimiento para repartir los fondos se estableció en un polémico real decreto ley según el cual toda la toma de decisiones y de coordinación se toma desde Moncloa, el Ministerio de Economía y sobre todo el de Hacienda para determinar cuáles son las prioridades de los proyectos a financiar con los fondos europeos. Una vez establecidas esas líneas generales, corresponde a cada Ministerio darles forma, por medio de los denominados PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). A cada departamento ministerial corresponderá hacer las respectivas convocatorias para que otras administraciones y empresas puedan acudir a ellas, en lo que hace meses fuentes de Moncloa explicaron que sería como abrir miles de ventanillas para que todo el que quiera, pueda acceder a concursos públicos y subvenciones.

Sin embargo, este es el itinerario que Garicano y Urtasun ponen en cuestión y que el Ministerio de Hacienda no pudo aclarar esta semana. La directora general de Fondos Europeos del departamento de María Jesús Montero, Esperanza Samblás, no pudo más que señalar que dependerá de cada Ministerio, sin más detalles.

"En lo que se refiere a los PERTE, tal y como se está definiendo, será en cada Ministerio, dentro de su política, que vean cómo los van a desarrollar", afirmó en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

Las dudas se mantienen a menos de un mes de que, según espera el Gobierno, puedan empezar a llegar los primeros fondos, en forma de anticipo, que se irán incrementando en función de cómo se vayan consumiendo, financiando distintos proyectos que deberán encuadrarse en las líneas maestras que el Ejecutivo ha plasmado en el Plan Nacional de Recuperación y Resilencia. No solo Samblás, también Fernández, Garicano y Urtasun apuntaron que el plan español es uno de que primero ha llegado a Bruselas y de los que mejor impresión ha provocado en la Comisión Europea.

Empresa grande, empresa pequeña

Sin embargo, "el diablo está en los detalles", advierte el eurodiputado verde, y el temor de estos eurodiputados no es del trabajo que Gobierno ha hecho de cara a Bruselas, sino del papel que hará de puertas nacionales para adentro, en el reparto de las subvenciones europeas cuando empiecen a llegar.

Por ejemplo, está claro que las comunidades se repartirán los 12.000 millones de otro fondo, el React, que funcionará como los fondos regionales europeos, pero mejorados porque los gobiernos autonómicos no tendrán que aportar cofinanciación, ya que financiarán el 100% de los proyectos. A esta cantidad, el presidente, Pedro Sánchez, anunció en octubre de año pasado que las comunidades podrán ejecutar proyectos en materias que son de su competencia, como educación o sanidad,  por hasta el  50% de los 70.000 millones de transferencias europeas. Sin embargo, meses después, sigue sin estar claro cómo se hará. "No puedo descartar ni que tengan algo que ver las comunidades ni todo lo contrario", admitió Samblás.

"El Gobierno tiene un reto en ser más claro con las reglas para el desarrollo de los PERTE, va a haber subvenciones y contratos públicos y es importante que haga un esfuerzo sobre de qué manera se va a colaborar con las comunidades, con los ayuntamientos y con las empresas", apuntó Urtasun, que advirtió de que el procedimiento aumentará la disparidad de oportunidades entre las empresas dependiendo de su tamaño. "Las grandes empresas tienen capacidad para tener información; las pymes y pequeñas, no".

"Las pymes y medianas empresas pueden quedarse fuera y las grandes empresas pueden captar estos recursos para cuadrar sus posiciones monopolíticas", denunció el eurodiputado de Los Verdes, que discrepa con Garicano en cuanto al nivel de desconfianza en cómo hará el reparto el Gobierno. El eurodiputado de Cs habla directamente de que el reparto de los 70.000 prolongará la vieja costumbre de "coger el teléfono y llamar a los amiguetes" y no cree que "el Gobierno vaya a dar el dinero a dedo". 

Coche eléctrico para SEAT

Sin embargo, la preocupación por la falta de transparencia e información es comunes. Para Garicano, el ejemplo más claro es el del único gran proyecto estratégico que de momento se ha concretado, que no fue objeto de una convocatoria pública, sino de un anuncio ante empresarios y prensa por parte de Sánchez. 

El eurodiputado de Ciudadano se refiere al proyecto por el que SEAT fabricará coches eléctricos en su fábrica de Martorell, que Sánchez anunció a bombo y platillo hace unas semanas, en la celebración del 70 aniversario de la empresa automovilística, en presencia del rey y también del presidente del Grupo Volkswagen.

"¿Cuál ha sido la convocatoria que ha habido, en qué buzón se ha hecho, en qué momento se han reunido en Moncloa o con quién?", se preguntó Garicano, que señaló que "todo esto no está en un papel, no surge de una convocatoria abierta". 

Según dijo, los proyectos se asignarán a "quienes tienen acceso al Gobierno  al número de teléfono de los cargos públicos".