Ayudas directas del Gobierno, oferta de empleo público y el CIMI de Torremolinos centran el pleno de Diputación

El Pleno ordinario de marzo de la Diputación de Málaga abordará como mociones urgentes el reparto de ayudas directas por parte del Gobierno al sector turístico (PP), la paralización de las ofertas de empleo de la institución provincial hasta que finalice la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (PSOE) y la presunta filtración de una información referente a una subvención al municipio de Almargen a un edil del PP sin conocimiento del propio equipo de gobierno de la localidad (Adelante).
Archivo - Fachada de la diputación de Málaga banderas europa sede edificio supramunicipal
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DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo
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El portavoz del PP en la institución, Francisco Oblaré, ha criticado, al igual que el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, el "agravio" del Gobierno con la industria turística malagueña por el reparto de 7.000 millones de euros en ayudas directas, al anunciarse que las islas Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones y las demás comunidades autónomas españolas tendrán que repartirse los 5.000 millones restantes.

Por tanto, los 'populares' solicitarán al Ejecutivo que se modifiquen estos criterios de reparto de las ayudas "que constituyen una injusticia y discriminación clara para la provincia malagueña y el sector turístico de la Costa del Sol, fijando unos criterios similares a los de las Islas Canarias y Baleares" dado el peso de la industria en Málaga.

El PSOE, por su parte, lleva como urgente una moción para que el pleno apoye a todos los empleados públicos temporales de larga duración de la institución y para que se paralice hasta final de año las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019 de las plazas ocupadas por empleados públicos interinos de larga duración de la Diputación y del Patronato de Recaudación Provincial, con el fin de conocer la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ha explicado la viceportavoz, Antonia García.

En este sentido, en la misma sesión plenaria se lleva una moción institucional en la que se insta al Ejecutivo central a modificar el texto refundido del Estatuto del Empleado Público y al andaluz a que, en el marco de las negociaciones actuales con el Gobierno central, aborde de manera urgente las medidas para la estabilización del personas de las administraciones públicas de su ámbito.

Adelante Málaga, según ha explicado su portavoz, Teresa Sánchez, presenta para su debate urgente la presunta filtración de una información referente al municipio de Almargen "en la que se acusaba al equipo de gobierno de perder una subvención relacionada con el convenio de infraestructuras hidráulicas en la comarca de Antequera".

Sánchez ha aludido a un vídeo en redes sociales en el que aparece el diputado provincial del PP Juan Álvarez, junto al concejal del mismo partido de Almargen informando de que el Ayuntamiento ha perdido la subvención de la institución. "Este grupo revisó los decretos de Presidencia, los acuerdos de junta de gobierno, los plenos de meses anteriores y las comisiones informativas en busca de dicho acuerdo, ya que no nos constaba y por supuesto al equipo de gobierno de Almargen, tampoco se había notificado ninguna resolución al respecto", ha sostenido.

Por tanto, las diputadas de IU y Podemos pedirán que se pongan en marcha "todos los mecanismos para conocer cómo ha llegado esa información al concejal del PP, que se depuren responsabilidades y se tomen medidas; además de reprobar a Álvarez por prestarse a difundir una información sobre la que no hay acuerdo y el Ayuntamiento no tiene información fehaciente al respecto".

OTRAS MOCIONES

También se debatirán en el pleno sendas mociones de la oposición sobre el Centro de Menores Infractores San Francisco de Asís-La Biznaga de Torremolinos (Málaga), exigiendo a la Junta de Andalucía que no lleve a cabo el anunciado cierre el 1 de abril próximo y que se reúna con los trabajadores, defendiendo el "servicio público" que prestan estas instalaciones "a jóvenes vulnerables que se tendrán que ir a otras provincias".

Así lo han indicado las viceportavoces del PSOE, Antonia García, y de Adelante, Maribel González, quienes han insistido en que el Gobierno de Andalucía no cierre este centro público, "el único que quedaba de este tipo de gestión directa", que cuenta con 15 plazas y dos grupos educativos de convivencia.

González ha lamentado que se "abandone" este centro y el trabajo que realizaba con las familias y con los propios jóvenes y ha pedido que se cree una mesa de negociación con los trabajadores, quienes en rueda de prensa han lamentado que hayan presentado varios escritos sin respuesta por parte del Ejecutivo autonómico.

"Los trabajadores desconocen las condiciones laborales con las que se pretende reubicar a los profesionales del centro con 56 por ciento personal fijo y un 46 por ciento temporales con una antigüedad de más de 15 años, afectando a más de 100 trabajadores, entre educadores, vigilantes, personal de limpieza, o personal de servicio de cocina. Personal que a día de hoy desconocen qué va a pasar con ellos el 1 de abril", ha criticado la diputada provincial de Adelante, formación que reclamará en otra moción a la Junta de Andalucía la puesta en marcha "urgente" de un plan de empleo a través de los ayuntamientos para 2021 y 2022.

El PP también lleva otros asuntos a la sesión plenaria con mociones para que el Gobierno central aporte ayudas que garanticen "la solvencia y la sostenibilidad" de las agencias de viaje, muy afectadas por la pandemia; otra de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y contra las declaraciones de miembros del Ejecutivo central sobre la democracia en España tras la detención de Pablo Hasél; de refuerzo de los fondos recibidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sobre la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos.

Por otro lado, el PSOE ha promovido una moción, que se ha convertido en institucional, de apoyo a las empresas textiles de Alozaina, Cuevas Bajas y Álora y por la declaración de la producción de bienes textiles de protección sanitaria como industria estratégica. Así, se instará al Consejo de Gobierno andaluz a que apoye el mantenimiento del empleo de las mismas y que se hagan gestiones para seguir contratando por parte de la Junta de Andalucía material textil sanitario fabricado en estas localidades.

Los socialistas llevan otra moción solicitando a la Junta de Andalucía la apertura de los centros de salud, la vuelta a las consultas presenciales y la implantación de puntos de vacunación en todos los municipios de Andalucía. También otra iniciativa sobre los más de 99 millones de euros que el Patronato de Recaudación "ha dejado de cobrar, según la Cámara de Cuentas", pidiendo al equipo de gobierno que este organismo incremente su plantilla en todas las sedes que mantiene, aumentando especialmente el personal dedicado al cobro en ejecutiva.

La aprobación del Plan de Fomento del Empleo Agrario, la antigua Concertación, dotada con 35 millones de euros y que destinará, de dicha cantidad el 95 por ciento a fondos incondicionados (casi 29 millones) se llevará también al pleno ordinario de la institución provincial, según ha explicado Francisco Oblaré en rueda de prensa.

También ha recordado que se está trabajando para incluir a tres municipios de entre 20.000 y 25.000 habitantes (Alhaurín el Grande, Coín y Nerja) y a la nueva Entidad Local Autónoma (ELA) de La Estación de Gaucín-El Colmenar, segregada de Cortes de la Frontera.

Igualmente, se aprobará destinar 509.000 euros para abonar a los ayuntamientos la limpieza y desinfección realizada durante la pandemia, a la que la Diputación, ha recordado, también contribuyó a través de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

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