USO critica las "pésimas condiciones" de la empresa de seguridad de Las Raíces y pide más presencia policial

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO ha criticado este lunes las "pésimas condiciones" de la empresa de seguridad del campamento de migrantes de Las Raíces y pedido más presencia policial en las instalaciones para controlar mejor las reyertas y los altercados.
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EUROPA PRESS

En un comunicado, el sindicato apunta que el servicio de seguridad fue adjudicado por la empresa pública Tragsa a la empresa Segurmáximo sin un concurso público, "siguiendo exclusivamente criterios económicos", hasta el punto de que a loos trabajadores no les abonan las nóminas según lo establecido en convenio colectivo.

Además, apunta que "no pone los medios adecuados para garantizar la seguridad física y laboral del personal que allí presta sus servicios debido a las continuas peleas, reyertas y agresiones diarias", pues se necesitan medios de protección (guantes anticorte y chalecos antitrauma/pinchazo).

De hecho, comentan desde USO, "estos medios de protección se los han tenido que costear los mismos vigilantes de seguridad", que finalmente aceptado el ofrecimiento de la empresa, que los compra y les descuenta el valor en varias mensualidades de sus nóminas.

Asimismo, señala que la empresa no dispone del personal suficiente en su plantilla para cubrir las posibles bajas que se produzcan, teniendo la inmensa mayoría de los trabajadores que prestan servicios en dichas instalaciones contratos precarios.

USO asegura que los trabajadores son "explotados económicamente" gracias a un convenio de empresa firmado por Comisiones Obreras (CCOO) y sin un director de Seguridad de Tragsa que coordine y supervise el servicio.

Así, Basilio Alberto Febles, secretario general de la FTSP-USO, exige que se dote a los vigilantes de seguridad de los medios de protección necesarios, se les abonen sus salarios según convenio y que "de forma inmediata" se incluya en la seguridad más presencia fija de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al igual que de la Policía Local de La Laguna.

Además, exige a Tragsa que revise los criterios del contrato y obligue a la empresa de seguridad adjudicataria a que cumpla el convenio colectivo estatal o rescinda el contrato pues en un mes ha demostrado "no estar a la altura de las circunstancias".

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