El departamento encargado de tramitar la ayuda autonómica ha de compaginar esta nueva tarea con la prioridad de mantener el plazo actual de tres meses para resolver las nuevas solicitudes, así como con la puesta al día de las revisiones pendientes y de aquellas derivadas del reconocimiento del propio ingreso mínimo vital.

A lo largo de esta semana, responsables de la citada consejería han mantenido una ronda de contactos con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, los sindicatos y la patronal y la Mesa del Tercer Sector para hacerles partícipes del plan para el trasvase de beneficiarios del salario social básico (SSB) al ingreso mínimo vital (IMV).

"Tanto las entidades locales como las ONG están dispuestas a cooperar con el Principado para agilizar la comprobación de los expedientes que pasarán a cobrar el ingreso mínimo", han afirmado desde el Ejecutivo autonómico a través de una nota de prensa.

El Principado tiene que comprobar 9.000 expedientes que se tramitaron basados en el consentimiento de las personas afectadas, todas beneficiarias del salario social.

Se trata de comprobar que cumplen los requisitos para percibir el ingreso mínimo. Esta tarea se centrará, en primer lugar, en las personas que viven solas. El proceso parte, explican desde el Principado, parte con la premisa clara de evitar cargas burocráticas, tanto a las personas como a los servicios sociales municipales.

Para ello, se articularán sistemas de intercambio de información entre administraciones para obtener los datos necesarios y se contará la colaboración de las entidades del tercer sector. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha admitido al pago con efectos retroactivos desde el 1 de junio, afirma el Gobierno regional.