El plazo de ejecución de la prórroga finalizará el 10 de mayo de 2022.

En 2018 se adjudicó la contratación de este servicio a la empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, en el caso del Lote I, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, por 4.720.794 (sin incluir el IGIC).

Asimismo, también se adjudicó a la entidad mercantil Ilunion Seguridad, SA, el Lote II, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por 4.016.000 (sin incluir el IGIC).

Los dos contratos se formalizaron en mayo de 2018, siendo el plazo de ejecución de dos años en ambos casos (el Lote I, desde el 7 de mayo de 2018 al 6 de mayo de 2020, y el Lote II, desde el 11 de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2020).

En abril de 2020 se autorizó la primera prórroga del contrato, por un mes y por importe de 373.821 euros.

La segunda prórroga fue autorizada en junio de 2020 para ambos lotes, por importe de 6,5 millones de euros (sin IGIC), siendo el plazo de ejecución de 23 meses (desde el 7 de junio de 2020 hasta el 6 de mayo de 2022), en lo que se refiere al Lote I del contrato, y de 11 meses (desde el 11 de junio de 2020 al 10 de mayo de 2021) en lo que se refiere al Lote II.

El Gobierno autoriza ahora la prórroga correspondiente a servicio de vigilancia y seguridad de los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuya ejecución será de 12 meses, desde el 11 de mayo de 2021 al 10 de mayo de 2022.

El gasto total de la prórroga, que asciende a 2.999.040, 18 euros, se distribuirá entre las anualidades de 2021 y 2022.