El decreto de ayudas a pymes y autónomos que se aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario estará dotado con 11.000 millones de euros, como anunció hace unas semanas el presidente Pedro Sánchez. Y fuentes del Gobierno confirman que, de esa cantidad, 7.000 millones serán para ayudas directas a pymes y autónomos, lo que supone una victoria de las tesis de Unidas Podemos y algunos ministerios socialistas frente a la intención de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

La redacción final del decreto ha venido precedida por una semana de desencuentros entre Economía y la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, que en esta ocasión ha sumado como aliados a ministros socialistas como José Luis Escrivá (Seguridad Social), José Luis Ábalos (Transportes) o Reyes Maroto (Industria). Eran varias las diferencias que separaban a Calviño de sus socios, pero la principal giraba en torno a la cantidad que se destinaría a ayudas directas del montante total de 11.000 millones.

Estas discrepancias provocaron que el decreto, que iba a aprobarse el pasado martes, tuviera que retrasarse hasta el viernes. Economía era partidaria de destinar la mayor parte de los fondos a recapitalizaciones y reestructuraciones de deudas contraídas por las empresas con el ICO. Algunas fuentes cifraban la ayuda que ofreció en 2.000 millones para destinar a subvenciones no reembolsables para pymes en apuros. Para Unidas Podemos esta cifra era del todo insuficiente, y por ello el viernes pasado solicitó por escrito a Calviño que las ayudas directas tuvieran una cuantía de 8.000 millones de euros, como adelantó 20minutos.

Tras un fin de semana sin avances y en el que Economía no respondió a la propuesta morada, se elevó la cifra para estas ayudas directas a 5.000 millones de euros no sin tensión. De hecho, el presidente Sánchez se reunió con la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra María Jesús Montero y la propia Calviño el pasado martes para cerrar la distribución del fondo de 11.000 millones sin ningún representante de Unidas Podemos.

Ayer, tras conocerse la cantidad que finalmente se destinará a ayudas directas, fuentes del Ejecutivo insistieron en que "la cifra estaba cerrada desde hace días, a pesar del ruido en torno a la cuestión", limitando así la capacidad negociadora del socio morado de la coalición.

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Pese a ello, los morados han mantenido durante toda la semana su exigencia de que las ayudas directas ascendieran a 8.000 millones de los 11.000 totales, aunque el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, reconocía ayer a este diario que 5.000 millones ya sería "una cifra importante" que Unidas Podemos no vería con malos ojos. Por ello, los 7.000 millones que se destinarán finalmente a ayudas directas suponen que la negociación ha ido mejor de lo esperado para Iglesias.

A diferencia de lo ocurrido con la distribución de los 11.000 millones, Economía sí ha conseguido imponer sus posiciones en lo relativo a quién debe gestionar los fondos. La Vicepresidencia Segunda de Iglesias pedía que fuera el Estado el que, directamente, resolviera el reparto de las ayudas. Pero serán finalmente las comunidades autónomas las responsables de su gestión, aunque la administración central controlará que se cumplen los requisitos.

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Estas condiciones para obtener las ayudas serán las mismas en todo el territorio, es decir, que las comunidades no podrán establecer requisitos diferentes. Para acceder a las ayudas, las empresas deben demostrar haber perdido una parte importante de su facturación el año pasado, posiblemente un 30% o más, aunque el porcentaje exacto no está cerrado.

Las ayudas no podrán utilizarse discrecionalmente, sino que estarán destinadas únicamente a cubrir los gastos fijos de la empresa, entre los que se cuentan el alquiler del local, los suministros de agua o electricidad o el pago de deudas a proveedores. Por el contrario, no podrán utilizarse estas ayudas para gastos indirectos como el personal, para los que ya hay diseñados instrumentos como los ERTE.