La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha acogido en la mañana de este jueves el proceso contra este abogado, que ha negado unos hechos que se remontan al año 2016, cuando la denunciante trabajaba de empleada del hogar en la casa del padre del acusado, donde este tenía su despacho.

En la vista, en la que el procesado se ha representado a sí mismo, la acusación ha puesto el foco en las contradicciones del abogado en la versión ofrecida durante la instrucción del caso y la que sostuvo en el juicio de este jueves, donde hizo hincapié en que no existió una relación contractual, ni formal ni informal, con la denunciante.

Los hechos se produjeron en 2016, año en la que la denunciante recurrió a este abogado ante un procedimiento por despido improcedente de un empleo como trabajadora del hogar para una señora de avanzada edad.

Según la versión corroborada por los testigos que prestaron declaración durante la vista, la denunciante llegó a un acuerdo económico con la familia para saldar el asunto evitando que la señora se desplazase a prestar declaración en los juzgados.

En ese proceso, el letrado ejerció como representante de la denunciante, aunque ninguna de las partes ha aportado documentación o recibos que prueben que se prestó este servicio.

Así, la supuesta víctima sostiene que el acusado se quedó con 1.300 euros del último pago de la indemnización, que ascendía a 7.000 euros y que fue abonada en plazos.

Asegura que el abogado retuvo esa cantidad de los 3.000 euros que suponían el último pago de la compensación económica. Según lo expuesto, el procesado se presentó con sólo 1.700 euros y argumentó que había usado los 1.300 euros restantes para atender una urgencia laboral y que se los devolvería antes del 15 de diciembre de 2015, algo que, como ha resaltado la defensa, no llegó a producirse a pesar de los requerimientos de la supuesta víctima.

Durante su declaración, el procesado, que reconoció que existía una relación de confianza con la denunciante, ha negado "categóricamente" las acusaciones y ha incidido en que los servicios prestados por el procedimiento formaban parte de "un pack" junto con otros dos asuntos judiciales que gestionaba a conocidos de la supuesta víctima.

Así, ha defendido que realizó los pagos y que "nunca" se quedó con parte de las cantidades como sostiene la acusación, al tiempo que ha asegurado que tampoco llegó a cobrar sus honorarios por los servicios.

FISCALÍA Y ACUSACIÓN

Así las cosas, la Fiscalía, que en su escrito de acusación pedía 3 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de la abogaciía, ha decidido pedir la libre absolución del acusado por la ausencia de pruebas de cargo en su contra.

En sus conclusioens, el Ministerio Público reconoce las contradiciones mantenidas por el procesado en las versiones ofrecidas durante la instrucción y en la vista del proceso, pero no aprecia la existencia de pruebas más allá de "hipótesis y conjeturas".

Por su parte, la acusación particular ha mostrado su desacuerdo con que Fiscalía haya puesto en cuestión el relato de su defendida y, a pesar de reconocer las contradicciones del acusado, no vea probado el delito de apropiación indebida.

En este sentido, y tras poner el acento en que los hechos ponen en cuestión el cumplimiento del código deontológico que rige el ejercicio de la abogacía, el letrado de la acusación ha incidido en que su clienta se encontraba en una situación de "indefensión absoluta" en el momento en que dejó de percibir los 1.300 euros y nunca llegó a cobrarlos a pesar de los requerimientos.

Por último, el procesado demandó su propia libre absolución y la aplicación de las costas procesales a la denunciante por la "falta de pruebas de cargo" en su contra.