UGT y USO solicitan medidas cautelares para suspender la venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés

UGT FICA y la Federación de Industria de USO solicitan medidas cautelares para suspender el contrato de compraventa de las plantas que eran de Alcoa de A Coruña y Avilés.
A Coruña Alu Ibérica 04/03/2021 Foto: M. Dylan
A CoruñaAlu Ibérica04/03/2021Foto: M. Dylan
M. Dylan

En un comunicado conjunto, ambas centrales destacan que las querellas criminales presentadas por las organizaciones sindicales contra todas las personas jurídicas y físicas "que han formado parte del acuerdo de compraventa" por el grupo Alcoa al grupo Parter y Riesgo "fructificaron la semana pasada" con la intervención de los cuerpos de seguridad del estado, mandatados por la fiscalía y el juzgado penal de la Audiencia Nacional.

En concreto, agentes registraron y detuvieron a implicados por supuesta estafa, malversación de fondos, delitos fiscales y despatrimonialización fraudulenta.

"Desde ambas federaciones de industria hemos venido reiterando nuestra denuncia tanto públicamente como ante los tribunales (de lo social y penal) acerca de los graves incumplimientos del grupo Alcoa en la venta de sus plantas en Avilés y A Coruña, actuales Alu Ibérica, al fondo Parter Capital que de forma oscura fueron adquiridas por un tercer fondo liquidador, Grupo Riesgo", subrayan.

UGT y USO piden que se suspenda cautelarmente el contrato de compraventa de ambas instalaciones entre Alcoa y Parter Capital así como la transmisión a Grupo Industrial Riesgo, y que se conserven las unidades productivas operativas, "a fin de salvar los puestos de trabajo de centenares de trabajadores de A Coruña y Avilés", que cifran en 600 puestos de trabajo directos.

Consideran además "necesario que de forma inmediata se suspendan las facultades de los actuales administradores, se prohíba la disposición de activos y se embarguen preventivamente los bienes".

"QUE VUELVA A TOMAR EL CONTROL"

También exigen que el grupo Alcoa "vuelva a tomar el control y gestión de ambas factorías, ante los continuos incumplimientos, fraudes y expolio cometidos por los compradores, para cumplir el compromiso legal y social adquirido con las personas trabajadoras en materia de empleo, salarios, inversiones y mantenimiento de las fábricas".

Por su parte, a la administración publica le reclaman que "garantice, si es necesario participando a través de la SEPI, el buen funcionamiento y viabilidad actividad industrial como máxima garantía del mantenimiento de empleo actual".

Por último, condenan "la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores realizados por los actuales gestores" que, "además de no garantizar la ocupación efectiva de los trabajadores, coaccionan, acosan y despiden a trabajadores, entre ellos miembros del comité de empresa, utilizando mentiras para justificar despidos disciplinarios".

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