Así lo reclama en un comunicado remitido a los medios, en el que espera que en el pleno que se celebra esta semana en el Pazo do Hórreo se produzca un pronunciamiento unánime claro del Parlamento para instar a ambos ejecutivos a presentar el recurso a menos de una semana para que finalice el plazo de interposición.

La Iniciativa Galega pola Memoria asegura que hay base jurídica para oponerse a este fallo y que, más allá de los aspectos técnicos, la ética democrática exige voluntad política de las tres fuerzas para oponerse a lo que califica de "relato franquista" del fallo.

El colectivo ha recordado que mantuvo en los últimos días reuniones con los tres grupos políticos con representación en la Cámara gallega, unos encuentros en los que, conforme señala, el BNG se reafirmó en su "total apoyo" a la presentación del recurso por parte del Estado, "principal actor en el proceso, así como a la adhesión al mismo de la Xunta de Galicia". Por su parte, apunta que tanto PP como PSOE "se comprometieron a instar a ambas administraciones a recurrir siempre que existan posibilidades jurídicas para hacerlo".

La plataforma indica que, como portavoz del colectivo, el investigador Carlos Babío facilitó a los grupos que lo solicitaron información que "avalaría al existencia de soportes legales para recurrir el fallo". Además, considera que, más allá de los fundamentos legales para presentar el recurso, como representantes de instituciones democráticas, las tres formaciones tienen la "obligación ética" de oponerse a un fallo que "asume el relato franquista y blanquea la represión y el expolio llevados a cabo por el dictador".

XUNTA Y ESTADO ESTUDIAN EL RECURSO

Precisamente, en la jornada del lunes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó que la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta están estudiando conjuntamente "si procede o no" presentar un recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratificó que el Pazo de Meirás es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

"Si hay alguna posibilidad de mejorar la sentencia lo haremos, si la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta consideran que no es recurrible desde la perspectiva jurídica no lo haremos", afirmó a preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia en la entrega de las medallas Emilia Pardo Bazán 2020.