El juicio por la presunta 'caja B' del PP se reanuda este lunes con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo aplazó por el positivo en Covid-19 de uno de los acusados. La expectación es máxima después de las revelaciones hechas por el extesorero en la Audiencia Nacional y en las que apuntaba la existencia de donaciones al partido para cubrir gastos electorales y a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y señalaba a Mariano Rajoy como conocedor de esa ‘caja B’.

La vista se reanuda este lunes tras dos aplazamientos. El primero de ellos, motivado por el contagio e ingreso hospitalario por Covid-19 del exgerente del PP Cristóbal Páez. Tras su recuperación, se fijó la vuelta al juicio para el 1 de marzo, pero se tuvo que aplazar tras comprobar que las salas de la sede de la calle Génova no podían acoger a todos los participantes en este procedimiento, al exceder el aforo recomendado en el protocolo sanitario frente a la pandemia. Mañana se retoma el juicio en la sede de San Fernando de Henares, que cuenta con salas más grandes.

Así, están previstas sesiones para los días 8, 9, 10 y 11 de marzo. El tribunal dictará una diligencia de ordenación para ajustar el calendario de un juicio que tenía fechas de fijadas hasta finales de mayo.

Con cinco acusados y testigos estrella, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, será el escenario en el que el extesorero del partido Luis Bárcenas ajustará cuentas con la formación y tirará de la manta, dando detalles sobre las presuntas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, el supuesto cobro de sobresueldos por la cúpula del partido y el conocimiento que, asegura, tenía Rajoy de esa contabilidad paralela.

Por estos hechos se sientan en el banquillo Luis Bárcenas, que enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por presunta apropiación indebida, falsedad documental y delito fiscal. Junto a él se juzgará al exgerente del PP Cristóbal Páez (18 meses de cárcel) y a los responsables de la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede nacional del partido, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes la pena solicitada asciende a tres años y diez meses. La última de los acusados es Laura Montero, empleada de la empresa y a la que sólo señala la acusación popular.

La declaración de Bárcenas puede ser decisiva en esta causa si continúa en la línea de colaboración con la justicia en que se produjo su declaración del pasado 24 de febrero ante el juez que instruye el caso 'Púnica', Manuel García Castellón. Ese día, el extesorero aseguró que el PP de la Comunidad de Madrid entregaba los donativos que recibía en efectivo a la tesorería de partido nacional, y desde allí se realizaban después transferencias bancarias a las cuentas regionales del partido.

Se trataba de una operación mediante la cual se blanqueaba el dinero que donaban en efectivo empresarios, sobre todo del sector de la construcción, que después eran adjudicatarios de contratos públicos. Según Bárcenas, esos donativos podían llegar a los 400.000 euros en el caso de la Comunidad de Madrid.

En esa declaración, Bárcenas aseguró que entregó a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre un sobre con 60.000 euros donados por el constructor Luis Gálvez, presidente de Ploder, que fue adjudicatario de la construcción del hospital de Vallecas. La entrega, dijo, se produjo en el despacho del entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta y en presencia de Francisco Granados. Aunque, no pudo vincular los donativos con un compromiso concreto de adjudicación, el extesorero aseguró que ese tipo de entregas no se hacen de manera “altruista”.

En lo que se refiere al PP de Madrid, el extesorero señala como máximo responsable de gestionar esas cantidades al gerente del PP regional, Beltrán Gutiérrez, que ejecutaba directamente las instrucciones del presidente y el secretario general de turno del partido en Madrid. Apunta así directamente a Esperanza Aguirre (presidenta) y a Granados (secretario general). Otra pieza fundamental en el entramado de recaudación y blanqueo era la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam).

Hasta el momento, Bárcenas no ha aportado documentación alguna para respaldar sus afirmaciones, aunque en su declaración ante el juez García Castellón dijo que en su momento había entregado a un amigo de su confianza tres cajas con documentos.

Colaboración con la justicia

Al inicio de este juico, Bárcenas dirigió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dejaba patente su intención de colaborar con la justicia. En él confirmaba la existencia de una contabilidad paralela en el PP de la que su entonces presidente, Mariano Rajoy, tenía pleno conocimiento.

Esa 'caja B' era controlada, según el escrito, por el entonces tesorero del partido Luis Bárcenas y por su predecesor Álvaro Lapuerta, ya fallecido. La existencia de esa contabilidad paralela ya quedó establecida en la sentencia de la pieza principal de 'caso Gürtel' y confirmada por el Tribunal Supremo, que resolvió los recursos. Los jueces no atribuían un delito al PP, pero consideraron a la formación responsable civil por los pagos realizados en negro.

El juicio analizará si esa 'caja B' funcionó entre los años 1990 y 2009. El PP tuvo que prestar antes de la vista oral de la primera etapa de la 'trama Gürtel' una fianza de 1,2 millones por los 888.000 euros que se pudieron abonar en negro por la reforma del edificio de la calle Génova 13 de Madrid.

Para afrontar este juicio, Bárcenas cambió de abogado y ya ha dejado claro su cambio de estrategia. Con su mujer, Rosalía Iglesias, en prisión, ha decidido tirar de la manta y explicar ante los jueces el supuesto mecanismo por el que empresarios, principalmente del sector de la construcción, hacían donaciones al PP a cambio de contratos públicos.

En la actualidad, Bárcenas cumple una pena de 29 años de prisión por delito fiscal, blanqueo de capitales y apropiación indebida. La condena que se le aplique en este juicio no la tendrá que cumplir al quedar por debajo de otras que ya está cumpliendo y por tanto el resultado a efectos prácticos es el mismo que si fuera absuelto y le servirá para ajustar cuentas con un PP que, según su percepción, le ha abandonado. Queda por ver si aportará algún soporte documental que avale su declaración.

Una de esas pruebas podría ser una grabación a la que alude en su escrito a la Fiscalía, y en la que un interlocutor que por el momento no ha identificado reconocería a Lapuerta la existencia de esa 'caja B' y el cobro de sobresueldos por los dirigentes del partido. Esta grabación y otros documentos eran precisamente las pruebas que un dispositivo parapolicial presuntamente impulsado desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz habría intentado sustraerle.

Testigos ilustres

El juicio promete ser uno de los más mediáticos gracias a la lista de testigos presentada por las acusaciones y las defensas y que ha sido admitida por el tribunal. Entre los comparecientes hay dos expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy; los exministros Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato, José María Michavila y Federico Trillo; el expresidente del Senado Pío García Escudero y los exsecretarios generales del PP María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, entre otros. Todos ellos, asegura Bárcenas, fueron perceptores de sobresueldos que se les entregaban en metálico.

Además, tendrán que comparecer ante el tribunal los empresarios que aparecen en los llamados 'papeles de Bárcenas', entre los que figuran el expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir; el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; el exdirectivo de FCC José Mayor Oreja; y el presidente de Mercadona, Juan Roig.

También figuran en la lista de testigos dos constructores vinculados a esa 'caja B' del PP como son Alfonso García Pozuelo y Rafael Palencia, que han reconocido a lo largo de la instrucción haber entregado dinero al partido para costear campañas electorales a cambio de ser adjudicatarios de obra pública.

El PP afronta inquieto este juicio que lo pondrá en primera plana de los medios de comunicación durante más de cuatro meses. Para evitar la llamada 'pena de banquillo', el partido que dirige Pablo Casado intentó que el tribunal unificara las siete acusaciones populares bajo una única representación letrada, pero no lo consiguió.