Los bandazos del Gobierno en el 8M: del "le diría a mi hijo que haga lo que quiera" de Simón al veto de marchas en Madrid

Pancartas del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas sobre las concentraciones feministas del 8M.
Pancartas del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas sobre las concentraciones feministas del 8M.
Fernando Villar / EFE

La prohibición en Madrid de todas las marchas por el 8-M ha causado una nueva polémica que incluso ha llegado al seno del Gobierno de coalición. Mientras el Delegación en la capital argumentaba razones sanitarias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado que a las feministas les quieren "negar el derecho a la calle".

Pero la misma posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un giro de 180 grados. Ha pasado de permitir las manifestaciones el año pasado, cuando crecía la preocupación por la entonces epidemia (solo una semana después decretó el confinamiento más estricto que se ha vivido en el país) a vetar cualquier marcha en la capital para evitar grandes aglomeraciones, en pleno descenso de la tercera ola.

"Si mi hijo me preguntara..."

Hace un año, la OMS aún no había declarado al coronavirus pandemia (lo haría el 11 de marzo de 2020) pero la enfermedad ya estaba presente oficialmente en España, aunque estudios posteriores han demostrado que el virus ya circulaba desde principios de ese año. 

Precisamente el 5 de marzo de 2020 se había producido la tercer muerte en el país por la enfermedad, y el registro contabilizaba 260 contagios. En ese contexto,  fueron varias las ocasiones en las que se preguntó al Gobierno sobre la conveniencia de prohibir las marchas del 8 de marzo, que cayó en domingo.

"No recomendamos a nadie nada", ´dijo de forma tajante el sábado 7 de marzo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. ""Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera".

La única recomendación que hizo Simón es que se abstuvieran de asistir a las marchas las personas que tuvieran síntomas. En ese entonces se identificaba solo la triada clásica (tos, fiebre y dificultad para respirar) y se comenzaba a investigar los casos asintomáticos. 

Arma arrojadiza

Pocos días después, Pedro Sánchez anunció el segundo Estado de Alarma de la democracia, el primero que afectaba a toda la sociedad. Desde entonces, el haber permitido las marchas del 8-M se convirtió en arma arrojadiza de la oposición.

Incluso Simón fue incluido en la investigación por el 8-M abierta por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, aunque después rechazó imputarlo.

El Gobierno se ha defendido durante todos estos meses con el argumento de que esas marchas, en las que participaron la ministra de Igualdad y otros miembros del Ejecutivo, no fueron los únicos eventos masivos, pues ese fin de semana aún hubo partidos de fútbol, e incluso un mitin de Vox en Vistalegre. Javier Ortega Smith, uno de los líderes de la formación, apareció en varios vídeos tosiendo y estornudando, y pocos días después comunicó que tenía la enfermedad.

"No ha lugar"

Un año después, la situación ha cambiado totalmente. Ya desde la semana pasada la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió que no recomendaba la celebración de manifestaciones multitudinarias por el 8 de marzo. "No ha lugar, lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana", señaló el pasado 24 de febrero.

Sin embargo, la polémica saltó de nuevo solo un día después, cuando Simón contradijo a su jefa. considerando que se podían celebrar manifestaciones siempre que los participantes llevaran mascarilla y mantuvieran la distancia.

Pero en su siguiente rueda de prensa, el lunes pasado, el director del CAES tuvo que rectificar. Simón explicó que se había visto en televisión y se dio cuenta de que se había expresado mal. Llamó a "evitar todas las situaciones" que no permitan las medidas de seguridad.

Confirmando esa posición, José Manuel Franco, delegado de Gobierno en Madrid, anunció este jueves que quedaban prohibidas todas las marchas del 8-M. El delegado ha insistido en que no se trata de una decisión "sectaria", sino que se toma por razones de "salud pública". Mostró en un gráfico que todas las concentraciones previstas para esa fecha iban a reunir a al menos 60.000 personas en la almendra de la capital.

La decisión no ha gustado a los movimientos feministas, y menos a la ministra de Igualdad, que el mismo jueves ha admitido que, si bien como miembro del Gobierno tiene que acatar las recomendaciones de Sanidad, ha denunciado que "quieren negar el derecho a la calle" a las mujeres.

Las marchas, empero, no han sido prohibidas en otros sitios de España. De hecho, hay concentraciones previstas en casi todo el país, autorizadas con la condición de que se respeten las normas sanitarias contra la pandemia.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento