La negociación de la ley de vivienda no consigue desencallarse, aunque hay ciertos avances tímidos. Este jueves, PSOE y Unidas Podemos volvieron a reunirse para retomar las conversaciones tras tres encuentros consecutivos terminados en fracaso, pero de nuevo fueron incapaces de alcanzar ningún acuerdo en lo relativo a la regulación del precio de los alquileres. No obstante, en esta reunión sí han comenzado a producirse algunos progresos para "frenar" los desahucios de personas que vayan a quedarse en la calle y garantizarles a través de las administraciones una vivienda alternativa.
Fuentes de Unidas Podemos denuncian que, de nuevo, el PSOE ha acudido a la reunión de este jueves sin ninguna propuesta por escrito para cumplir el pacto de regulación de los alquileres, una actitud que ya molestó mucho a los morados en los anteriores encuentros pero que los socialistas consideran normal y la mejor vía para llegar a un pacto. Sin siquiera un borrador, la negociación sigue en pañales pese a que ya se ha incumplido el plazo inicial, ya que el acuerdo era llevar el proyecto de ley al Congreso en febrero.
Las posiciones siguen estando igual de alejadas. Unidas Podemos plantea dar a comunidades y ayuntamientos la capacidad de limitar el precio de los alquileres en determinadas zonas e insiste en que este fue el mecanismo que se acordó en octubre, mientras el PSOE apuesta solo por poner en marcha incentivos fiscales para propietarios que bajen los precios. Y eso que el Gobierno en pleno volvió a comprometerse por escrito el pasado martes a poner en marcha "mecanismos de contención o eventual bajada de los precios" de los alquileres en "zonas tensionadas".
El único de los asuntos principales de la ley de vivienda en el que sí hay avances es el de los desahucios. PSOE y Unidas Podemos trabajan sobre una propuesta -esta sí, por escrito- de los socialistas que obligaría legalmente a los servicios sociales a analizar cada procedimiento de desahucio antes de su ejecución para, en caso de que la familia sea económicamente vulnerable, garantizar su realojo en otra vivienda.
Los plazos separan a PSOE y Unidas Podemos
Según la propuesta, el desahucio quedaría paralizado durante un mes -tres meses, si el propietario del piso a desalojar es una empresa- a partir de la fecha de lanzamiento para que los servicios sociales terminasen de realojar a la familia afectada. Comunidades y ayuntamientos, explican fuentes del Ministerio de Transportes, serían las encargadas de proporcionar los inmuebles para las familias vulnerables, y estas fuentes sostienen que el Gobierno está "llegando a acuerdos con la Sareb, bancos y grandes gestores de vivienda" para disponer de inmuebles suficientes.
No obstante, esta medida -que no afectaría a quienes okupen una primera o una segunda residencia, señala expresamente la propuesta- aún no está cerrada porque existen cuestiones importantes en las que PSOE y Unidas Podemos todavía no se han puesto de acuerdo. Una de las principales es la de qué ocurre si, en el plazo de uno o tres meses, los servicios sociales no han sido capaces de encontrar una vivienda alternativa para la familia que va a ser desahuciada.
Los socialistas argumentan que eso no ocurrirá porque la administración tendrá un remanente suficiente de pisos y también ayudas para las familias, pero admiten que, según su propuesta, si se diera el caso la familia quedaría en la calle. Y Unidas Podemos rechaza de plano esa posibilidad y exige que el desahucio quede suspendido sine die hasta que los servicios sociales encuentren una solución.
En cualquier caso, el mecanismo que ahora se plantea no es el mismo que el que puso en marcha el Gobierno el pasado diciembre. Actualmente, para poder ejecutarse el desalojo de una familia en esta situación, la comunidad autónoma debe facilitarle un techo alternativo. Pero, y esta es la diferencia, si la administración no es capaz de realojar al desahuciado, ahora mismo la familia puede quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla.
El PSOE no se mueve pese al paso de Armengol
A diferencia de lo ocurrido con los desahucios, tampoco progresa la tercera pata fundamental de la ley: la ampliación del parque público de vivienda. El PSOE sigue coincidiendo con Unidas Podemos en la necesidad de contar con más viviendas en régimen de alquiler social, pero considera que deben conseguirse construyendo nuevos pisos y no, como proponen los morados, forzando a los grandes propietarios a sacar al mercado en régimen de alquiler social el 30% de sus casas.
Los socialistas, confirman fuentes del Ministerio de Transportes, no tienen pensado moverse de esta posición a pesar de la decisión de la presidenta balear, Francina Armengol (también del PSOE), de utilizar su propia ley de vivienda autonómica para expropiar a varios grandes tenedores el uso -no la propiedad- durante siete años de 56 inmuebles que llevaban más de dos años vacíos. Baleares pagará a los propietarios de estos pisos un justiprecio muy inferior al precio de mercado, y los alquilará a familias con dificultades por una cuota que nunca superará el 30% de sus ingresos.
Fuentes de Unidas Podemos confirman además que el PSOE tampoco ha realizado una contraoferta por escrito para acompañar su negativa a instaurar un impuesto a las viviendas vacías, como proponen los morados. En las conversaciones sí se ha valorado la posibilidad de establecer un recargo en el IBI para estas viviendas que no estén en el mercado, una idea que, aunque Unidas Podemos no ve con malos ojos, no se ha plasmado por escrito.
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