Izquierdo ha aclarado que la Delegación del Gobierno "nunca" autoriza las manifestaciones, sino que se limita a comunicar si existe algún tipo de limitación o condicionante para minimizar o evitar riesgos.

En este sentido, ha explicado que el proceso habitual pasa por solicitar informes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, en base a los mismos, elaborar un pronunciamiento o dictamen.

Desde mayo de 2020, a consecuencia de la declaración de la pandemia de la COVID-19, se solicita también un informe a la autoridad sanitaria, con el propósito de conocer si las convocatorias pueden tener un efecto negativo en la evolución epidemiológica.

En este periodo, según ha matizado Izquierdo, solo se ha prohibido una manifestación, ya que todas las demás convocatorias han contado con informes favorables, si bien ha sido preciso aplicar algunas matizaciones como consecuencia de la crisis sanitaria, que de manera previa se han trasladado a los organizadores.