"Los propietarios podrían llegar a alquilar a un precio más bajo para poder controlar esa vivienda y no dejar que entre en el registro oficial", ha indicado la socia del bufete jurídico, Arantxa Goenaga.

Según Círculo Legal, las viviendas de los grandes tenedores "tendrían un riesgo menor de quedarse desocupadas y, por lo tanto, de ser aptas para la cesión a colectivos vulnerables".

Desde el bufete han recordado el funcionamiento de la Ley autonómica de Vivienda, por el que se consideran aptas para entrar en el registro oficial las viviendas desocupadas durante más de dos años cuyos tenedores posean más de 10 inmuebles o se dediquen a la promoción inmobiliaria o financiación de viviendas, como en el caso de los bancos.

Las 56 viviendas recogidas en la resolución del Govern son propiedad de bancos o sociedades inmobiliarias, según informó el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.

Círculo Legal ha remarcado que para poder acceder a un piso desocupado y cederlo a una persona que lo necesite, "será indispensable acreditar que existe una necesidad real de esa vivienda".

"No es como un piso de protección oficial, sino que es para personas con especial vulnerabilidad: mínimos ingresos, violencia de género, procedimientos de desahucios, jubilados que no pueden acceder a la vivienda en un régimen normal, entre otros", apunta Goenaga.

La Ley, en este caso, garantiza también los suministros, como agua, luz, gas y telefonía, que se abonarán con los fondos de la bolsa económica preparada por el Govern balear, según han explicado desde Círculo Legal.

La socia del despacho jurídico ha añadido que esta nueva medida "pone en foco otro debate en el ámbito de los derechos constitucionales", el de libre propiedad y el de vivienda digna.

"El Govern balear actúa de esta forma porque no tiene un parque de vivienda suficiente para poder ofrecer alquileres a colectivos vulnerables", ha apuntado Goenaga, explicando que los propietarios afectados pueden acabar interponiendo una demanda por la decisión.