Así se expropiarán casas en Baleares: ¿qué es un gran propietario, cuánto se indemniza y qué soporte legal tiene?

Vista general de la calle Punta Ballena, en Magaluf, donde el Govern balear ha ordenado el cierre para evitar aglomeraciones.
Vista general de la calle Punta Ballena, en Magaluf.
EFE
Vista general de la calle Punta Ballena, en Magaluf, donde el Govern balear ha ordenado el cierre para evitar aglomeraciones.
Vista general de la calle Punta Ballena, en Magaluf.

Todo el mundo sabe que en España hay un problema de vivienda, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuál es la medida más efectiva para solucionarlo. En el mismo seno del Gobierno de coalición siguen las divergencias: mientras el PSOE apuesta por desgravar a los propietarios, Unidas Podemos exige topar los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda.

Pero el Gobierno socialista de Baleares ha ido un paso más allá y ha iniciado este martes el procedimiento para expropiar el uso de viviendas a grandes propietarios y cederlas en alquiler social. Una medida que ya ha recibido las críticas de la oposición.

Estas son las claves del nuevo proyecto en Islas Baleares, donde el mes pasado se marcó el precio más elevado por metro cuadrado de vivienda.

Mediante expropiación

El Ejecutivo de Francina Armengol anunció este martes que iniciaba el procedimiento para expropiar el uso de 56 viviendas a grandes propietarios, para cederlas en alquiler social. La medida se ampara en la ley de vivienda que el Govern aprobó en 2018, en la que se prevé este procedimiento cuando exista un déficit de viviendas sociales.

Entre otras cosas, esa ley ordenó la creación de un registro de viviendas vacías. Y en su artículo 14, la norma señala que "las viviendas desocupadas que consten inscritas en el Registro de viviendas desocupadas podrán ser objeto de cesión temporal al IBAVI [el instituto balear de la vivienda] con el fin de poder dar respuesta a la necesidad objetiva de vivienda". 

Y más adelante, en el artículo 19, especifica que esa cesión se hará según la ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa. 

¿Te parece correcto que se expropien las casas de propiedad privada para alquileres sociales?

Ello quiere decir, por una parte, que no hay opción para el propietario, ni se trata de una cesión voluntaria o incentivada: el dueño tiene que ceder obligatoriamente. Puede presentar sus argumentos dentro del procedimiento, oponerse a él, reclamar un precio mayor, pero si la ley no le da la razón tendrá que vender a las autoridades.

De hecho, el procedimiento no ha hecho sino empezar. Tras publicarse en el diario oficial balear, se notificará a los propietarios y se abrirá el plazo de alegaciones. Y si al final los afectados no están de acuerdo con la resolución, pueden recurrir ante las autoridades judiciales.

Uso temporal

En los procedimientos de expropiación normalmente suelen afectar a la propiedad. Por ejemplo, cuando el Gobierno se dispone a construir un aeropuerto o una carretera, puede adquirir por este procedimiento los terrenos necesarios. 

Pero lo que va a hacer el Govern no será pasar a ser el dueño de los pisos. Va a expropiar solo su uso. Ello implicará que el dueño del piso conservará la nuda propiedad de su inmueble, pero su uso estará cedido a las autoridades de vivienda baleares, para que ellos a su vez lo alguilen.

Este uso estará expropiado durante siete años, tras los cuales las autoridades se comprometen a devolverlo a los dueños en las mismas condiciones en los que lo recibieron.  

¿Cuántos pisos?

En esta primera etapa del proyecto en Baleares se va a expropiar el uso de 56 viviendas: 27 en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza.

Las 27 viviendas de Mallorca están distribuidas así: 11 en Palma, 11 en Inca, 2 en Llucmajor, 2 en Manacor y y una en Calvià.

En Menorca hay 17 en Ciutadella y seis en Maó. Las ibicencas son una en Ibiza, dos en Santa Eulària des Riu y tres Sant Antoni de Portmany.

¿Qué es un gran tenedor?

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha explicado que con esta medida se van a sacar "pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de quien más lo necesita". Los 56 inmuebles pertenecen en su mayoría a bancos y fondos buitre.

De acuerdo con la ley balear, un gran tenedor de viviendas es la persona física o jurídica que tiene 10 viviendas o más en régimen de propiedad, alquiler, usufructo o cualquier otro derecho que la faculte para ceder su uso, y que tenga como actividad económica la promoción inmobiliaria, la intermediación, la gestión, la inversión, la compraventa, el alquiler o la financiación de viviendas".

¿Cuánto van a pagar a los expropiados?

La legislación de expropiación señala que todo afectado debe recibir una compensación, llamada justo precio o justiprecio. Esta cantidad se determina durante el procedimiento, con la participación de peritos, e incluso puede ser tramitado mediante pieza separada.

En el caso de los propietarios en Baleares, en Govern ya ha adelantado las cantidades mensuales que planea pagar a cada propietario por el uso de los pisos. 

Las autoridades admiten ya de entrada que este precio de compensación "es considerablemente inferior a los precios de alquiler" normales en las islas. Señala que el índice de referencia de precios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para esa comunidad prevé un precio medio mensual de 624 euros, mientras que el Govern pagará poco más de la mitad de esa cantidad: 391 euros mensuales de media.

En total, el Ejecutivo de Armengol ha destinado a estas expropiaciones 1,8 millones de euros, y a los propietarios los compensará en un único pago. Pero las cantidades que van a recibir dependerán de dónde están ubicados los pisos.

Para los pisos de Mallorca la media del precio que se pagará al gran tenedor es de 408 euros al mes. La previsión total de gasto en compensaciones en esta isla es de 926.000 euros.

En Menorca se van a gastar 649.000 euros en justiprecios. El precio medio que se pagará será de 336 euros mensuales.

En Ibiza es donde se pagará el justiprecio más alto: 530 euros mensuales, para un total de 266.00 euros.

¿Cuánto van a pagar los inquilinos?

El alquiler social que van a pagar los beneficiarios dependerá de su capacidad económica y no podrá superar el 30% de sus ingresos. La diferencia entre este alquiler y el justiprecio será asumido por las arcas públicas.

El conseller Marí ha aclarado que los pisos no están en condiciones para entrar a vivir de inmediato. Calcula que se necesitarán unos 400.000 euros para acondicionarlos, un gasto que irá a cuenta de los propietarios. Si se niegan a hacerlo, Vivienda lo adelantará y lo descontará después del justiprecio.

¿Cómo ha reaccionado la oposición?

Obviamente, la medida ha despertado el malestar de la oposición. El PP ha acusado este miércoles al PSOE de querer llevar a Baleares el "exprópiese" que aplicó en Venezuela el expresidente Hugo Chávez y ha avisado que esa actuación frenará la inversión en las islas. Además, ha recalcado que el "fracaso en una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada".

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha alertado contra esa decisión del Gobierno de las islas y ha calificado de "muy preocupante" que se quiera "expropiar el uso de viviendas".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, también ha advertido que la inseguridad jurídica provoca que haya menos inversiones. "¡Exprópiese! Sánchez e Iglesias ya tienen su laboratorio de ensayo socios antes de sacar su Ley de Vivienda", ha enfatizado.

¿Puede extenderse a España?

Según el censo de 2011, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías. Un 21,4% de ellas estaban en edificios construidos en los últimos 10 años, mientras que casi un 30% (por encima del millón) fueron construidas antes de 1961.

Basándose en eso datos, Idealista concluyó que solo una de cada cuatro casas podían ser objeto de alquiler. El resto no era susceptible, bien por su estado ruinoso, su antigüedad o por encontrarse en una ciudad que por tamaño no tenía una "situación de mercado tensionado".

Así, una de las apuestas de Unidas Podemos es introducir varias medidas en la futura Ley de Vivienda para impulsar el alquiler social o limitar los precios. Además ha propuesto que los grandes propietarios destinen un 30% de su stock a vivienda social. 

Además, el programa de la formación aboga por crear también, como en baleares, un registro de pisos vacíos que sean propiedad de bancos, así como incorporar a los programas de vivienda social los inmuebles que en su día fueron cedidos a fondos buitres.

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