El Gobierno se niega a prescindir del juez de la Gürtel que el PP veta en el CGPJ y  se mantiene el bloqueo para renovarlo

  • Los contactos han bajado de nivel desde el jueves por la noche, pero siguen entre el ministro de Justicia y Enrique López.
  • El Ejecutivo asegura que no excluye ninguna propuesta del PP, pero ya dejó caer a Rosell y no hará lo mismo con De Prada.
  • El PP considera que la propuesta de hacer vocal al ponente de la sentencia de la Gürtel es "ilegal".
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
EFE

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permanecen paralizadas por la exigencia del PP de, entre otras cuestiones, dejar fuera de la institución al ponente de la sentencia de la Gürtel, el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada, y el rechazo por parte del Ejecutivo a prescindir de él. A pesar de todo, el Ejecutivo no da por rotas definitivamente las negociaciones. Los contactos han bajado de nivel en los últimos días pero continúan y el presidente, Pedro Sánchez, mantiene paralizada indefinidamente la reforma de las mayorías para elegir el Poder Judicial, con la que se confirmaría que deja de mirar al PP para buscar un quorum con otros partidos del Congreso.

Casi una semana después de que el Gobierno y el PP constataran los "escollos" que no hacían posible el acuerdo, el Ejecutivo se mantiene en su negativa de excluir a De Prada entre los vocales a los que quiere designar. Prescindir de este magistrado es una línea que no piensa pasar, una vez que ya dejó caer a otra jueza designada por Unidas Podemos, su exdiputada Vitoria Rosell, a la que ya renunció a nombrar vocal, también por la negativa del PP a aceptarla.

"Estos vetos tienen un límite", ha advertido este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al considerar que, al contrario de lo que ocurría con Rosell, De Prada no tiene "vinculación" con el Ejecutivo o no forma parte de él, como ocurre con la jueza, que actualmente es Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

"Desde luego, no podemos permitir que exista ningún tipo de veto cuando se habla de conductas asociadas al ejercicio de sus funciones de juez o en el ejercicio de funciones que tenían asignados antes de ser propuestos" para ocupar una plaza dentro del CGPJ, ha añadido Montero. Según ha asegurado, durante la negociación el Gobierno "no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos que ha puesto encima de la mesa el PP".

Montero no ha querido dar nombres, pero de sus palabras ha quedado claro que el PSOE y Unidas Podemos han dejado caer a Rosell por exigencias de los populares y que estarían dispuestos a aceptar como vocal del Poder Judicial a Alejandro Abascal, juez de refuerzo del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Dina' que pidió al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

"No tiene sentido que [los populares] hayan ido a la política de vetos cuando este Gobierno no ha puesto ningún veto a los nombres que ha propuesto el PP, que estaban muy identificados con ciertas preferencias del PP", ha insistido la ministra portavoz.

El PP quiere a Podemos "fuera"

Mientras el Gobierno sostiene que De Prada "nunca ha tenido un aval partidista", la entrada de este magistrado en el Poder Judicial es una línea roja que el PP no está dispuesto a traspasar. Fue el juez que juzgó y redactó la sentencia del 'caso Gürtel" y a quien se atribuye la inclusión en el fallo de conclusiones acerca de la existencia de una 'caja B' en el PP que todavía no se había juzgado y que el Supremo pidió retirar.

En todo caso, los populares no aluden a esta cuestión y se limitan a asegurar que el nombramiento de De Prada sería "ilegal" y que no lo aceptan. Según dijo el viernes uno de sus negociadores, el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, refiriéndose a él, "la propuesta de un juez en servicio activo, que no ha sido elegido por sus compañeros, por el turno de juristas, lo que supone es una clara ilegalidad y es contrario al espíritu constitucional".

Los populares insisten en sus tres condiciones de "siempre" para renovar el CGPJ: la despolitización de la Justicia, que el Gobierno retire su propuesta para reformar el sistema de mayorías del Poder Judicial y, en tercer lugar, que Unidas Podemos quede "fuera" del proceso. 

Desde que "encallaron" las negociaciones en la medianoche del jueves al viernes, el PP reclama también a Sánchez que "arregle sus líos internos" dentro de la coalición. En el Gobierno se considera esta premisa un intento de perjudicar a la coalición.

Al menos por lo que respecta a las dos últimas condiciones, Sánchez y el PSOE insisten en que la contraparte del PP es el Gobierno, es decir, los dos socios que forman la coalición. En cuanto a la reforma legal, el presidente no la retira del Congreso pero la mantiene aplazada indefinidamente a la espera de poder alcanzar un acuerdo con Pablo Casado.

Así, la semana que viene el Pleno del Congreso debatirá y votará una de las dos partes en las que Sánchez terminó dividiendo su reforma legal sobre el Poder Judicial, solo la relativa a limitar las tareas del CGPJ mientras esté en funciones, lo que le impedirá hacer nuevos nombramientos de jueces.

Sin embargo, no hay fecha para reactivar la parte que sería la señal definitiva de que el presidente no cuenta ya con el PP. La propuesta para cambiar la mayoría para elegir el CGPJ -de la actual de 2/3 para la que es imprescindible contar con el PP a otra más laxa, de mayoría absoluta, para lo que tendría suficiente con los socios de investidura- de momento no tiene fecha.

"Lo que seguimos planteando con mucha insistencia es en que el PP salga de esta actitud inmovilista", ha dicho Montero, sin dar una fecha para reactivar esta segunda reforma.

En punto muerto, pero no rotas

Así las cosas, la negociación está en punto muerto pero no rota definitivamente. Desde el jueves pasado no ha habido más contactos entre el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, las dos personas de más alto nivel por ambas partes que se esperaba que terminaran de cerrar un pacto la semana pasada, después de alcanzarlo para renovar el Consejo de Administración de RTVE.

Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que los contactos continúan entre los dos primeros interlocutores, que estuvieron a punto cerrar un acuerdo en verano y que no han dejado de hablar en todo este tiempo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Enrique López.

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