El Tribunal Supremo ha rechazado la admisión a trámite del recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló el reglamento de participación ciudadana que prevé las consultas y multiconsultas, según ha avanzado 'El Periódico'.

El organismo argumenta que el escrito del consistorio no explicita "como, por qué y de qué manera" las infracciones que aporta "han estado relevantes y determinantes" en la decisión adoptada por el TSJC, que argumentaba que el reglamento no explicitaba que había que pedir permiso al Gobierno español. El Tribunal Supremo indica que no se "fundamenta de manera suficiente" la concurrencia de aspectos necesarios porque se posicione.

La Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo también impone en el Ayuntamiento de Barcelona pagar las costas procesales, hasta 2.000 euros. Recuerda que ante esta resolución no se puede interponer recurso.

Fue el noviembre del 2019 cuando el TSJC anuló el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, que preveía las consultas y multiconsultas, porque no explicitaba que hay que pedir permiso al gobierno español para aprobar este tipo de iniciativas.

El reglamento incorporaba una referencia al hecho que hay que cumplir con la "legislación aplicable" antes de convocar la consulta, pero el tribunal consideró que "dejar a la interpretación de este precepto el cumplimiento de este requisito permitiría la convocatoria de la consulta sin solicitar la preceptiva autorización", prevista en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

También alegaba que faltó un trámite de exposición pública cuando se hicieron ciertas modificaciones en el texto.

Barcelona actualizará el reglamento

El Ayuntamiento de Barcelona recibió lunes la notificación del Supremo rechazando el recurso y lo está estudiando, según han explicado fuentes municipales.

Las mismas fuentes explican que el consistorio seguirá trabajando para "actualizar" el Reglamento de Participación con las sentencias judiciales y para "incorporar" otros proyectos como los presupuestos participativos y la participación digital y telemática.