El juez pide sentar en el banquillo a Rodrigo Rato por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la libertad condicional del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a propuesta del Centro de Inserción Social del que dependía, tras valorar su edad, comportamiento y la "antigüedad" de los hechos por los que ingresó en prisión, las tarjetas "black" de Caja Madrid.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.

El expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno con el PP de José María Aznar, Rodrigo Rato, cerca de sentarse de nuevo en el banquillo. El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha puesto fin a cinco años de investigación con un auto en el que pide procesar a Rato por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y elusión fiscal. Entre las conductas investigadas hay contratos publicitarios de Bankia, origen del presunto delito de corrupción entre particulares. Rato habría cobrado comisiones derivadas de la adjudicación de ciertas campañas de publicidad por parte de la entidad bancaria.

En la investigación, el magistrado ha intentado averiguar de dónde procede el patrimonio del que también fuera ministro. Ahora se abre un plazo de 20 días para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten sendos escritos de acusación en los que deberán precisar las condenas que piden para el expresidente de Bankia.

Junto a Rato, el juez Antonio Serrrano-Arnal pide procesar a Miguel Ángel Montero (administrador de varias empresas del exvicepresidente); al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados; a la secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, presunto comisionista de la trama; a las empresas Publicis Comunicación y Zenith Media y a siete personas relacionadas con ellas; a Santiago Alarcó, identificado como dueño de una estructura por la que habría transcurrido el dinero; y a Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.

Calcula el juez que Rato recibió más de 800.000 euros, un dinero que derivaba al extranjero y era reintroducido en España gracias a un entramado de empresas. Por esta vía pudieron llegar a introducir más de 7 millones. El exvicepresidente, además, también evitaba el pago de impuestos por servicios personales que llevaba a cabo. Utilizaba para esto un método empresarial para no tener que pagar el IRPF.

"Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito", señala el juez en el escrito.

Rato se encuentra en régimen de semilibertad desde el pasado mes de octubre. El exbanquero ingresó en la cárcel el 25 de octubre de 2018 para cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida. En febrero de este año, la Audiencia Nacional dio el visto bueno a su libertad condicional tras valorar su edad, comportamiento y la "antigüedad" de los hechos por los que ingresó en prisión, las tarjetas "black" de Caja Madrid.

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